Hoy

Los sospechosos de siempre (II parte)

El abogado que siempre había atendido los asuntos del empresario detenido escuchaba el domingo atentamente los lamentos de su histórico empleador. “No puedo pensar en que mis nietos no quieran mirarme a la cara. Y que renieguen de su apellido. No hay dinero en el mundo que pague esa deshonra. Hoy es domingo, tengo posibilidades de ser visitado y nadie me vino a ver. Terminemos con esto. ¿Qué debo hacer”. El abogado, hombre de mil batallas representando a la constructora que había levantado el pater familias y de la que el estudio heredó la representación, estaba allí para explicar cómo serían los próximos pasos a seguir para garantizar la libertad del acusado. Para esto hizo una interconsulta con otros profesionales especialistas en derecho penal y con experiencia en acoger a otras personas en la ley del arrepentido. Había, además, negociado con las autoridades y sólo quedaba el visto bueno de su cliente para avanzar en la estrategia.

Se demostraba así el domingo por la noche que, finalmente, comenzaron los quiebres psicológicos e, inmediatamente después, los pedidos de turno para las confesiones. La estrategia planteada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli parecía ayer dar sus frutos. Los empresarios involucrados en el caso de los cuadernos de la corrupción no resistieron la presión familiar y decidieron acogerse en la ley del arrepentido, según su versión corregida y comentada en 2016. La idea de los hombres de la Justicia era simple. Si se comenzaba por investigar a los funcionarios públicos lo más seguro era que se repitiera el esquema de José López y sus bolsos, y que ninguno abriese la boca en nombre a la “omertá” debida. Si, por el contrario, comenzaba a avanzar por los poderosos empresarios del club de la obra pública, las probabilidades de éxito se multiplicarían.

Fue así que el viernes les negó a todos los Ceo, gerentes y dueños de las empresas involucradas cualquier tipo de excarcelación; y se los sometió a una segunda humillación; luego de haberlos exhibido el jueves pasado por la mañana, en vivo y en directo para todo el país por televisión, a ser vistos esposados y con caras de pánico por lo que vendría. Después de ese escarnio, que generó los primeros escándalos familiares, vino el fin de semana de cautiverio en una sala común y con la posibilidad de ser visitados en una escenografía terrorífica para quien está acostumbrado a los ambientes seis estrellas. Para peor, la convocatoria a las visitas, en la mayoría de los casos, fracasó. Hubo una última condicionalidad para terminar de quebrar los ánimos de los empresarios: se les advirtió a sus abogados que el destino para los que no colaboren sería un largo proceso en una celda poco mantenida en Ezeiza, donde sus defendidos deberían cumplir la pena con el régimen común que implica, entre otras condiciones, las tareas de fajina. Esto es, entre otros deberes, la limpieza de los baños de todos los reos al menos una vez por semana. Los llamados de los arrepentimientos llegaron ya el viernes a la noche, y la negociación entre los abogados y la Justicia comenzó a fluir.

Para esto, los segundos diseñaron una estrategia que, para los que reclamaban un esclarecimiento total y profundo de los pagos de coimas en los años kirchneristas dentro del ducto de las obras públicas, significará una desilusión. Según lo que al menos cuatro de los grupos imputados confesaron, los pagos existieron y los cuadernos confeccionados por Oscar Centeno decían la verdad. Pero fueron fruto de las presiones para aportar fondos a las campañas políticas, y no para el pago de coimas por sobreprecios. La estrategia de los abogados defensores es simple. Según el artículo 266 del Código Penal, “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. La lectura de los letrados es que en el caso de los empresarios, estos se vieron obligados y presionados a aportar dinero de tipo “contribución” para una campaña política; lo que si bien determina un delito, no implica la asimilación de un caso de complicidad para realizar un “negocio” común entre el empresario y el funcionario, como sería el pago de una dádiva por una obra pública adjudicada. Los empresarios declararían que fueron “intimados” o “exigidos” a realizar esas contribuciones; lo que, con algo de “buena onda” del juez, los eximiría de la pena máxima de los 6 años de prisión. Los abogados incluso especularon que, en la negociación, la culpa asumida no debería representar una pena superior al año y medio, con lo que no habría cárcel final para sus clientes, teniendo en cuenta que, además, ninguno tiene antecedentes. La clave, para los empresarios, es que no irían presos y que la tormenta de privación de la libertad pueda culminar con el fin de semana de espanto en la repartición de Drogas Peligrosas.

El guiño final que la estrategia espera es que Stornelli y Bonadío acepten que todo se debió a esta suerte de apriete para aportar dinero (dólares) para la campaña electoral, y no el pago de coimas y sobreprecios. Esto liberaría a los empresarios, pero no a los funcionarios, a los que, además se les acumularían otras causas presentes en otros juzgados. No se investigaría así la otra sospecha sobre el movimiento de fondos: que en realidad se trataba del cumplimiento de los “dos tiempos” de los delitos en la corrupción en la obra pública del Gobierno pasado: el primer pago por el otorgamiento del proyecto; y un segundo para que las liquidaciones por el avance de las obras se concreten. En aquellos tiempos se hablaba entre los empresarios hoy involucrados que era costumbre dentro del kirchnerismo exigir el pago en esos dos momentos.

Ambito