Una nueva resolución eleva exponencialmente los intereses resarcitorios y punitorios bajo el pretexto de estimular la cancelación de deudas. Es la sentencia de muerte para decenas de miles de empresas.
Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 50/19 del Ministerio de Hacienda que actualizó las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios que cobra AFIP por el pago extemporáneo de los impuestos que recauda. Hasta ahora es del 3% y 4% mensual, respectivamente. A partir de marzo serán del 4,5% para intereses resarcitorios y 5,6% para los intereses punitorios.
Esta medida va en contra de lo que vienen reclamando desde el sector Pyme, asfixiados por los tarifazos, la caída de ventas y el ahogo fiscal que arrasa con la actividad.
Los motivos expresados en la resolución para esta nueva afrenta a las pequeñas y medianas empresas responde a “el tiempo transcurrido desde su última modificación” que data del año 2010 y “las condiciones económicas actuales”.
En esa línea, Eduardo Fernández, presidente de APYME recordó que la entidad viene pidiendo insistentemente a la AFIP que aplique racionalidad en los planes fiscales. “Esta elevación de las tasas punitivas, sea por mora o por cualquier otro tipo de aplicación, ocasiona una bola de nieve que se hace imposible de afrontar. Si no puedo pagar este mes, difícilmente pueda hacerlo el mes que viene, con el acumulado de deuda anterior”, explicó y dio por tierra con los argumentos que explican esta nueva afrenta contra los contribuyentes.
El dirigente explicó además que el fisco aplica un sistema de scoring, que implica el nivel de riesgo del contribuyente. “Si uno se atrasa en el pago de impuestos, le bajan la calificación y lo consideran más riesgoso. Así, entonces le dan menos cuotas y le cobran más caro. Es una irracionalidad superlativa”, se quejó Fernández.
Tan profunda es la crisis que AFIP reconoce un registro de 100.000 millones del stock de deuda a diciembre de 2018 (más del 120% de crecimiento respecto del año anterior, que había sido de 44.000 millones). Esto evidencia el grado de imposibilidad de cumplimiento de los vencimientos fiscales y previsionales por parte de las Pymes ante la caída de la actividad y una ruptura notoria de la cadena de pagos, fruto de las políticas restrictivas del Gobierno, y no con la supuesta “falta de competividad” empresaria, tal como expresan algunos sectores del Gobierno.
“Lo cierto es que en medio de datos negativos en actividades de la Industria, comercio y construcción, 2019 es el año de mayor presión fiscal de los últimos 20 años. Se restringen los planes de regularización por parte de AFIP, se financia menos y más caro a las empresas en dificultades. Y ahora se encarecen los intereses resarcitorios y punitorios bajo una lógica de mercado financiero”, amplió Eduardo Fernández.
“Es decir el estado en esta administración, pone un precio altísimo al crédito absorbiendo la liquidez y consolida un sistema financiero de carácter especulativo, desfinanciando el consumo y la producción.
Y ahora se nos dice que las pymes nos financiamos barato con impuestos que no podemos pagar, lógica perversa que tiene un solo resultado, más destrucción de fuentes y puestos de trabajo”.
Finalmente, el dirigente explicó que se trata de “una cadena perversa de ausencia de consumo, financiación y apriete fiscal, el único fin claro es la desaparición de miles de pymes”
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ya habían solicitado al fisco que consideren la implementación de medidas más abarcadoras y que realmente den un alivio a las Pymes en un contexto recesivo que no tiene final a la vista.
Asimismo, y lo que resulta más novedoso, es que se instaura desde el mes de abril un mecanismo de actualización trimestral. Así, la tasa vigente en cada trimestre, será la efectiva mensual equivalente a 1,2 (interés resarcitorio) y 1,5 (interés punitorio) veces la TNA canal electrónico para depósitos a plazo fijo en $ a 180 días del BNA vigente el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del trimestre.
La realidad es que miles de Pymes que no pueden pagar regularmente sus impuestos a causa de una sostenida disminución de ventas en un contexto de constante pérdida del poder adquisitivo del mercado interno, fuertes aumentos tarifarios, dolarización de insumos, paralización del crédito con tasas que impiden la inversión productiva, y competencia de productos importados fruto de la desregulación comercial. En este marco, las Pymes deben elegir entre pagar las cuotas de planes o los vencimientos regulares.
Irónicamente, la nueva resolución del ente recaudador señala que las nuevas tasas y su sistema de actualización automático tiende a “estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de impuestos”.
APYME alertó semanas atrás que el vencimiento de la RG de AFIP 4289, cuya prórroga venció el 31/1/19, imponía la necesidad de reglamentar una nueva moratoria moratoria y ampliación de los planes de facilidades permanentes, con quita de intereses, para deudas tributarias y previsionales, sin restricción de acceso para las Mipymes. Junto con esta medida solicitaron la suspensión de embargos y ejecuciones por deudas impositivas tanto de AFIP, como ARBA y AGIP y el resto de las agencias de recaudación de las otras provincias. También pedían la suspensión del sistema scoring, que agrava la inequidad ya existente.
en ese marco adviertieron que de no tomarse medidas adecuadas no podría evitarse un mayor perjuicio para el fisco y, lo más dramático, el cierre de miles de unidades productivas y comercios con una mayor pérdida de puestos de trabajo.
Irracionalmente, lejos de escuchar las demandas del sector que genera mayor empleo registrado en el país, la autoridad fiscal avanza con un aumento de tasas que dejará al empresariado nacional en un estado de total indefensión.