En el marco del segundo día de paro docente de la semana, que incluye la adhesión a la huelga de la Confederación General del Trabajo (CGT), el juzgado de primera instancia del Trabajo N° 58 aceptó una cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) liderada por el sindicalista Sergio Romero y ordenó al ministerio de Trabajo de la Nación para que en el plazo de cinco días convoque a la paritaria nacional docente.
Es un extenso fallo la Justicia laboral le da la razón al planteo de UDA y sostiene que la Ley de Educación Nacional 26.075 ordena al Gobierno a implementar las partidas presupuestarias para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional al quinto día de la presente orden judicial. Cabe destacar que la medida puede ser apelada pero es de cumplimiento efectivo.
En tanto, en el marco del extenso conflicto que mantiene con el macrismo, y que afectó el dictado de clases en la mayoría de los días desde el inicio del ciclo lectivo, los maestros volvieron a parar en reclamo de la apertura de la paritaria nacional que fije una suba salarial para los maestros de todas las provincias del país, y que la Casa Rosada sigue rechazando.
Este nuevo paro cuenta con la adhesión de los sindicatos Ctera, SADOP y UDA, luego de que en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal atara la continuidad de las negociaciones y la presentación de una propuesta superadora a que no se realicen más huelgas.
«Este conflicto se resuelve poniéndole dinero en el bolsillo a los trabajadores. A los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, no pueden afrontar el pago de tarifas, los traslados, ni la compra de útiles ni otros elementos y nada dice de eso la gobernadora porque no se ha manifestado en ningún sentido de mejorar el poder de compra de los trabajadores», expresó el miércoles Sergio Romero en diálogo con Radio 10.
«El año pasado el presupuesto se estableció en $ 111.000 millones, de los cuales $ 12.000 millones se subejecutaron, y no se supieron donde fueron. Con ese dinero no solo se pudo haber solucionado el conflicto de los salarios docentes, sino que se podrían haber construido escuelas. Este año están previstos $ 20.000 millones más, y son $ 131.000 millones, y vamos a hablar a fin de año para cuanto de este dinero se invirtieron realmente», reclamó.
