En la misma resolución el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito para Julio De Vido y otros ex funcionarios.
El juez federal Marcelo Martinez De Giorgi procesó este lunes a Hebe de Bonafini y a Sergio Schoklender por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de $1.200 millones (en total se transfirieron casi 750 millones). Ambos fueron procesados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
También fueron procesados el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, el ex secretario de Obras Públicas José López y Pablo Schoklender, el menor de los hermanos. A todos se les trabó un embargo de 250 millones de pesos sobre sus bienes.
En cambio, el juez dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y para todos los gobernadores e intendentes de las localidades donde se realizaron las obras. Se trata del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el de Misiones, Maurice Closs.
La Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. También comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales.
Los cheques oficiales eran descontados en cuevas, pero terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban millones de pesos en efectivo.
En el fallo de más de 500 páginas, el juez describe distintas maniobras utilizadas para desviar los fondos oficiales, que terminaron en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).
“Además de la irregularidad intrínseca que supone el cobro de dinero de la FMPM por parte de quienes tenían algún tipo de injerencia en la ejecución de los proyectos constructivos que le fueran adjudicados, se advierte que los restantes movimientos dinerarios observados, por las modalidades en que se practicaron, pretendieron eliminar cualquier rastro de su destino específico“, destaca la resolución.
La investigación sobre «Sueños Compartidos» va camino a cumplir seis años en mayo próximo. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez De Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
En la última ronda de indagatorias declararon 43 personas, entre funcionarios nacionales, provinciales, municipales.
Martinez de Giorgi también procesó al contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, pero por el delito de lavado de dinero. Por ese mismo delito fueron procesados el piloto Gustavo Serventich, quien tuvo un rol clave en la compra de dos aviones, Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y varias personas que integraban el entorno de los Schoklender..
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