La primera parte del gran mecano económico y fiscal con que el Gobierno quiere administrar los dos años de esta gestión de Mauricio Macri comienza hoy su vida activa. La reforma impositiva ingresará hoy al Congreso y espera el oficialismo que se apruebe en el próximo llamado a sesiones extraordinarias que el Presidente abrirá antes que termine el año y que durará hasta febrero de 2018. En ese lapso el Gobierno quiere que la reforma termine de negociarse entre diputados y senadores, y que ya para cuando Macri inaugure las sesiones ordinarias en marzo próximo, no forme parte de la agenda política y económica para el año. El proyecto consta de 300 páginas, divididas por impuesto; con permanentes explicaciones sobre futuras reglamentaciones técnicas que determinará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Alberto Abad. Esto demandará casi todo un año para que el organismo termine de reglamentar la norma, especialmente en esos casos (como Ganancias a las empresas y la toma a cuenta del mismo tributo del impuesto al cheque). Para esto hay tiempo. Se trata en general de beneficios que comenzarán a percibirse bien entrado 2019. El resto, los tributos internos y el impuesto a la renta, requieren poca reglamentación y, obviamente, son los que primero podrán aplicarse. En definitiva, el Gobierno tendrá rápidamente los ingresos recaudatorios y esperará no menos de un año y medio para comenzar a entregar recursos de los tributos que no recaudará.
Si bien la impositiva es la primera reforma, no será el único proyecto que se tratará en extraordinarias. También se espera que el acuerdo con las provincias (ver páginas 16 y 17) termine de cerrarse esta misma semana y que la modificación al cálculo previsional de pago a jubilados ya para 2018 también ingrese en debate parlamentario. Todas estas reformas, más la laboral que dependerá de la velocidad de las discusiones con la CGT, son las partes del mecano con que el Gobierno quiere modificar la realidad económica y fiscal de los próximos dos años de gestión, sobre la base de una reducción del déficit fiscal para que llegue a 3,2% en 2018 y menos de 2,5% en 2019. Sólo así, cree el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne y comparte el Presidente, se logrará bajar la inflación y garantizar un crecimiento real de la economía de entre 3% y 4% en los próximos dos ejercicios.
Sobre el texto de la reforma impositiva que verá hoy la luz oficial, se sabe que no habrá más cambios a los anunciados y que la única modificación a lo que Dujovne presentó en el Palacio de Hacienda hace 10 días será la eliminación de los impuestos internos al vino, cervezas y espumantes. Esto quiere decir que ahora queda para el resto de los afectados la alternativa de negociar dentro del Congreso. Los productores de gaseosas, a los que se les mantuvo el tributo de 17% sobre las bebidas azucaradas, apelarán a esta alternativa, comenzando, obviamente, por los legisladores de las provincias que se verán afectadas: Tucumán, Entre Ríos y Corrientes, además de las que tienen grandes embotelladoras en su territorio como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fé. Los fabricantes de gaseosas (tan furiosos por el mantenimiento del impuesto como porque llamen a sus bebidas «perjudiciales para la salud»), saben que sin los votos de estos legisladores no hay aprobación de todo el paquete impositivo posible. También lo sabe el «ala política» del Gobierno, que comenzará a sondear desde esta semana a los diputados y senadores necesarios para que el proyecto avance. En la misma situación de protesta está Tierra del Fuego, que siente que otro capítulo del proyecto pero a la inversa -la eliminación del impuesto interno a la importación de celulares, monitores y artículos de computación-, sería un golpe fulminante a la complicada situación de los fabricantes fueguinos. Aquí también dependerá del momento de cálculo de los votos necesarios para aprobar el proyecto.
EL otro capítulo donde se promete debate, será en Renta Financiera. Curiosamente, en este caso, la discusión no será con los afectados (bancos), sino con el Frente Renovador de Sergio Massa que tiene su propia idea de crear y aplicar este nuevo impuesto pero con una presión mucho mayor a la que propone el macrismo. Este fue el principal argumento para que las entidades financieras avalen la idea oficial, en contra de lo que expondrá el massismo. El impuesto se aplicaría en 5% para las operaciones de renta fija en pesos y 15% para las ganancias de las inversiones en dólares sin alcanzar a las acciones.
La intención del oficialismo en estos capítulos, en palabras de los propios protagonistas, será evitar un «Frankenstein» en las negociaciones, inevitables, que se tendrán que establecer con la oposición.
Por el resto, no se preven mayores polémicas.
CARLOS BURGUEÑO
Ambito
