Roberto Sabino Ríos el único de los sindicalistas de la sede de Bahía Blanca que permanece libre luego de las masivas detenciones llevadas a cabo por la Justicia la semana pasada
En un nuevo capítulo del escándalo por las masivas detenciones de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca, llevada a cabo por la Justicia la semana pasada, en las últimas horas Roberto Sabino Ríos, el único sindicalista de esa seccional que permanece prófugo, difundió un video desde la clandestinidad donde explicó que las acusaciones en su contra forman parte de las internas dentro del gremio de la construcción.
«Acabo de enterarme que soy el hombre más buscado de Argentina por estar involucrado en una megacausa en la cual se desprende mi acusación», comienza Ríos en la grabación, en la que se puede escuchar música de fondo.
Durante su descargo, Ríos calificó de «falaz» la acusación en su contra. «Está basada en la declaración de Francisco ‘Chucky’ González y los que estuvieron en la lista Roja y Negra. Ellos se pasaron al gremio SITRAIC. Esa banda es una runfla que perseguía a mis compañeros a punta de pistola», apuntó.
Además, en las imágenes difundidas por La Nueva Provincia, el sindicalista advierte que el fiscal Gustavo Zorzano que lleva adelante la causa «lo único que me garantiza en una celda en la Unidad 4» y, en este sentido, pidió «garantías» al momento de entregarse y «no pasar por el ridículo que me pongan una pelela en la cabeza, un chaleco antibalas para ir derecho al penal sin tener la oportunidad a réplica».
Por otra parte, el prófugo buscó llevar tranquilidad a su familia, amigos y compañeros de trabajo y les manifestó: «Estoy bien».
«Es algo netamente político y mediático. La justicia y el Ministerio de Trabajo están manoseados», sostuvo Ríos.
El jueves pasado, la Policía bonaerense llevó a cabo un megaoperativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos por orden del fiscal Gustavo Zorzano, donde detuvieron a 10 sindicalistas. Entre los apresados, se encuentra Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato.
Los gremialistas son investigados por asociación ilícita y extorsión a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.
