Sergio Zaninelli confirmó que ADUNS se presentará como querellante en la causa que tramita en el juzgado de Dolores a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla en la que se investiga espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ayer se conocieron detalles del fallo del pasado martes en el que el juez federal procesó a las ex autoridades de la AFI, Gustavo Arriba y Silvia Majdalan; figuran nombres y agrupaciones bahienses que habrían sido víctimas de esas tareas ilegales en nuestra ciudad.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur es un de las organizaciones que forman parte del listado. “Lo peligroso es que se reinstalaron, a partir de un estado democrático, prácticas de la dictadura militar”, aseveró Zaninelli en diálogo con Radio Altos.
Y agregó que desde la AFI se generó un proyecto específico e ilegal en la provincia de Buenos Aires y que para cumplir los objetivos de seguimiento de referentes sociales, políticos y gremiales se asignaron recursos y personal del Estado.
Indicó que con uno de los fines de la base que se instaló en Bahía Blanca y que habría contado con Jorge Sebastián Novais como responsable máximo, era conocer cómo enfrentaba el gobierno de Macri las elecciones legislativas de 2017. Además, se habrían investigado las distintas manifestaciones por la desaparición de Santiago Maldonado, quien luego fue hallado muerto en el río Chubut, y se habría medido cómo afectaba ese hecho a la imagen del gobierno de Cambiemos.
El sindicalista advirtió que la duda que surge ahora es si los cuatro agentes que integraban la base bahiense, según informó Novais en su declaración ante Ramos Padilla, siguen operando.
“Desde ADUNS nos vamos a presentar como querellantes en la causa judicial para acceder al expediente y ver claramente dónde estamos parados hoy. El presidente Alberto Fernández dice “nunca más a los sótanos de la democracia”; efectivamente queremos saber si estos cuatro agentes siguen perteneciendo a los sótanos de la democracia”, remarcó.
Y por último, expresó que quienes fueron víctimas del espionaje ilegal, estuvieron “en la calle” en distintos momentos manifestándose contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
