En medio del ajuste a las universidades nacionales y las fallidas negociaciones paritarias con el Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei, este martes 20 de agosto arranca otra jornada de paro nacional docente, que se extenderá hasta el miércoles.
Es que, en la última reunión paritaria, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, propuso un aumento salarial del 3% para agosto y otro del 2% para septiembre, que fue considerada como insuficiente por los gremios docentes.
En ese marco, docentes y no docentes de las distintas casas de altos estudios nacionales llevan adelante durante todo el mes de agosto un plan de lucha, que incluye paros, actividades de visibilización y marchas, en disconformidad con la crisis salarial que atraviesa la comunidad educativa.
En efecto, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocaron a un nuevo paro nacional docente durante este martes y miércoles, complementado con actividades de visibilización y una nueva marcha nacional para la semana del 9 al 13 de septiembre.
“Seguimos en estado de alerta y con el plan de lucha acordado por el Frente Gremial Universitario. Sin salarios dignos, la Universidad no funciona“, expresaron desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) con respecto al paro nacional docente
En esa línea, desde el gremio que nuclea a docentes y no docentes de la UNLP remarcaron que “sin un presupuesto acorde al funcionamiento de las universidades, complementado a las necesidades de los estudiantes y con los trabajadores adentro, no hay universidad pública posible”.
Además, durante el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a la que se encuentran adheridos la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata, la comunidad educativa acordó además del paro nacional docente, repudiar la declaración de esencialidad de la educación en sus niveles obligatorios.
En ese sentido, desde CONADU denunciaron que la esencialidad de la educación “tiene como único objetivo suprimir el derecho constitucional de huelga en el sector”. “No discuten cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes, solo pretenden impedir el derecho a huelga para despejar el camino para profundizar su ajuste contra la educación”, agregaron.
Es que, el pasado 14 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declara a la educación como servicio esencial, siendo una nueva embestida de la administración libertaria a la comunidad educativa, que se suma a la pérdida de poder adquisitivo de los docentes, el desfinanciamiento de programas educativos y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
