El presidente de la Nación, Javier Milei, derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21 de 2021 firmado durante la gestión de Alberto Fernández que establecía la obligatoriedad por parte de los Ministerios y demás organismos del Estado de contratar pólizas a través de Nación Seguros, lo cual habría derivado en una “vía legal” para la venta de seguros con sobreprecio bajo un presunto esquema de corrupción que es investigado por la Justicia.
La derogación del DNU se hizo oficial este miércoles mediante la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial, en donde se retiraron todas las modificaciones anteriormente realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Esta nueva disposición del Gobierno nacional fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien pidió preparar la derogación del DNU que seguía vigente pese a la investigación, al tiempo que serán los responsables de recibir e inspeccionar las documentaciones relacionadas a las contrataciones de seguros.
Asimismo, todas las áreas de la administración, las empresas y sociedades del Estado, las anónimas, las de economía mixta y aquellas en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán 30 días para proveer la documentación requerida a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
En esta línea, el Gobierno nacional fijó un plazo de 1 año para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas de seguros vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por Fernández, puedan concretar las bajas de los mismos por lo que ninguna de ellas debería mantener las contrataciones luego del 21 de agosto de 2025.
En simultáneo, Francos y Sturzenegger promovieron la convocatoria a nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones, para evitar que pudieran realizarse “contrataciones beneficiosas”. En tanto que, si se detectan criterios de selección favorables para una entidad en particular, se considerará que hubo una “ventaja, beneficio o preferencia” por parte de las organizaciones estatales.
No obstante, el nuevo DNU presenta una excepción, dado que “no se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional”.
En sintonía con las nuevas regulaciones, el presidente Javier Milei dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar los nuevos acuerdos que pudieran surgir, luego de haber entrado en vigencia este decreto.
Causa seguros: cómo sigue la investigación por la que imputaron a Alberto Fernández
La investigación por las supuestas irregularidades en torno a la contratación de seguros estatales durante la gestión Fernández está a cargo del fiscal Ramiro González, quien imputó al expresidente en febrero de este año por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
El magistrado solicitó que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21, ahora derogado por Milei. Asimismo, solicitó incorporar los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas dependencias del Estado bajo ese decreto firmado en la administración de Alberto Fernández.
En este orden, el pasado viernes 16 de agosto, la fiscalía presentó una solicitud al juez a cargo de la causa, Julián Ercolini para analizar el teléfono del expresidente Fernández que también fue utilizado en la investigación que derivó denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yáñez.
Por caso, el fiscal González busca reconstruir el presunto esquema de corrupción que se habría orquestado a beneficio de Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal de Alberto Fernández, María Cantero, a través de múltiples contratos de distintas reparticiones del Estado con Nación Seguros, cuyas comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers “allegados” a costos “desmesurados” según la Justicia.
