En las últimas horas, la oposición a La Libertad Avanza prepara un petitorio para una sesión especial para tratar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que será entregado al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, con fecha al 9 de octubre próximo.
Por lo que el Gobierno nacional deberá enfrentar devuelta el armado oficialista en el Congreso, al igual que lo hizo con el veto a la movilidad jubilatoria, pero en ésta oportunidad cuenta con una mayor resistencia. Por caso, el radicalismo, en aquella oportunidad votó a favor de la medida de Javier Milei, pero el partido centenario tiene como característica la de gestionar las universidades.
Vale precisar que, el Gobierno nacional de Javier Milei firmó el veto al mencionado proyecto, y ratificó así lo que ya había anticipado. Así, sin tapujos ni hacer caso a la masiva marcha universitaria que se dio ayer con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y otras movilizaciones en distintos puntos centrales del país.
En esta línea, el Gobierno argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario busca “dañar a la administración libertaria políticamente”, así como también al equilibrio fiscal que busca Milei desde su asunción, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas en el Presupuesto vigente, que es el de 2023.
Cabe recordar que, mientras transcurría la nueva marcha federal en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno acusó a los referentes políticos de la oposición, muchos de los cuales participaron de la movilización contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, de conformar un “frente de izquierda populista”.
Sin embargo, la medida, que durante un tiempo fue un secreto a voces en la Casa Rosada, había sido adelantada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien expresó en su habitual conferencia de prensa que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario estaba “en análisis”.
En concreto, Milei no había avanzado antes con la firma del decreto para vetar la Ley de Financiamiento Universitario porque no tenía la certeza de que el Congreso iba a respaldar su postura, tal como lo hizo con el proyecto sobre movilidad jubilatoria, que intentó otorgar un incremento de entre $13.000 y $18.000 a los jubilados.
Por caso, mediante el decreto 879/2024 que lleva la firma de Milei y sus nueve ministros, el Gobierno avanzó con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.
“El proyecto no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente. Además, es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, señala el texto publicado esta mañana en el Boletín Oficial.
En otra parte del documento, el Gobierno justificó el veto para “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto nacional”.
Sin embargo, al realizar un profundo análisis de la Ley de Financiamiento Universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que el impacto fiscal del proyecto que propone actualizaciones presupuestarias acordes a la inflación para todas las casas de estudios y sus trabajadores no sería significativo en las cuentas del Gobierno nacional ni en la búsqueda del déficit fiscal cero que propone el Presidente libertario.
Ley de Financiamiento Universitario: que establecía el proyecto
En lo que respecta al presupuesto universitario, la Ley de Financiamiento Universitario establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estimaba para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
“Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar. El artículo sobre actualización de los salarios técnicamente tiene un montón de problemas. Nosotros haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando de $1.2 billones, lo cual es completamente inviable”, sostuvo el funcionario Alejandro Álvarez respecto de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ley de Financiamiento Universitario: el comunicado de la Oficina del Presidente
