En las últimas horas, los gremios vinculados al traslado de pasajeros que forman parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), comenzaron a poner en duda el paro de transporte que habían convocado para el próximo 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista.
En ese contexto, el próximo martes los gremios del transporte de Argentina se reunirán en un plenario clave para definir la medida de fuerza que han programado para el 17 de octubre, donde se definirá finalmente si se mantiene la fecha, se modifica, o se posterga por tiempo indefinido.
Así lo confirmaron integrantes de la Mesa Nacional del Transporte, que llevarán adelante el encuentro en la Federación de Peones de Taxis, en una convocatoria que generó tensiones internas y posturas divididas entre los gremialistas, en un contexto de negociaciones activas entre las autoridades del Gobierno de Javier Milei y la CGT.
En síntesis, el conflicto respecto a la realización o no del paro de transporte surgió luego de un acuerdo entre la CGT y el Gobierno, que habría enfriado la huelga de los gremios por tiempo indeterminado, ya que la Casa Rosada accedió a revisar el polémico artículo sobre bloqueos en la reforma laboral, una acción que fue bien recibida por algunos líderes sindicales.
“Dieron un paso adelante, y el clima cambió. La CGT quiere seguir dialogando”, señaló un referente de la Mesa Nacional del Transporte. Sin embargo, otros gremialistas no están convencidos, y aseguran que “hay que construir la protesta de a poco, ganando confianza”, en clara sugerencia de que el paro podría aplazarse.
Por caso, en el sector dialoguista de la CGT la expectativa es que el paro de transporte previsto para el próximo 17 de octubre se evite. Para eso, la central obrera destrabó nuevas conversaciones con el Gobierno nacional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial que calme las aguas dentro de los gremios.
“Si logramos respuestas en la mesa de diálogo, el paro de transporte podría no ser necesario”, dijo un sindicalista cercano a la negociación. En tanto, el gremio de choferes de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezado por Roberto Fernández, es uno de los más inclinados hacia el diálogo con el Gobierno, y advierte que la conciliación obligatoria vigente evita cualquier huelga hasta el 18 de octubre.
Es preciso mencionar que, el contexto internacional también impacta en las decisiones locales, ya que del 13 al 18 de octubre, varios dirigentes gremiales tienen programado un viaje a Marruecos para asistir al Congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), por lo tanto no estarían presentes durante el paro de transporte.
Entre los asistentes al viaje se encuentra el cegetista y líder del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, quien buscará renovar su puesto en el organismo. Por eso, además del diálogo abierto con el Gobierno, la coincidencia de fechas es otro factor que la CGT tendrá en cuenta antes de ratificar la adhesión plena de los sindicatos al paro de transporte.
Paro de transporte: quieren declarar el servicio como “esencial”
El diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto de ley que propone declarar como “esencial” al transporte público, para garantizar que durante las huelgas haya guardias mínimas en trenes, colectivos y ómnibus en todo el país, en medio del conflicto que tiene el Gobierno nacional con los trabajadores Aerolíneas Argentinas y de los colectivos en el AMBA.
“En caso de convocatoria a paro o medida de fuerza por parte de trabajadores del transporte público, deberá garantizarse la prestación mínima del servicio, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y las normativas complementarias que al efecto se dicten”, detalla el articulado del proyecto.
Así, el proyecto que toma mayor trascendencia luego del anuncio de los gremios del transporte, incita a todas las empresas prestados a “mantener una dotación mínima de personal y vehículos durante los días de paro” para que se “garantice la continuidad del servicio”.
En tanto que, en caso de que no se cumpla con la normativa, la iniciativa de Milman advierte que, el Gobierno “procederá a la aplicación de sanciones” que podrían ir desde “medidas de carácter pecuniario”, es decir monetarias, hasta la “quita de la personería jurídica de la asociación sindical responsable”.
