Agrupaciones de inquilinos advirtieron sobre un crecimiento en las suspensiones de pagos de los alquileres y en los desalojos judiciales debido a que el impacto en el bolsillo es el más alto de la historia. En ese sentido, alertaron que esta situación puede ser el inicio de una profunda crisis habitacional y social.
A través de un comunicado publicado este lunes, las 16 organizaciones de la Federación de Inquilinos Nacional expresaron su preocupación por la falta de políticas estatales que permitan garantizar plenamente el pago de la renta por el alquiler de una vivienda.
Vale recordar que desde el 1° de enero de 2024 quedó derogada la ley de alquileres que implicaba contratos de tres años, actualizados de manera anual medíante el ICL (un índice que combina la evolución de la inflación con la de los salarios). A partir de allí, según los inquilinos, «los contratos de alquiler de vivienda quedaron sujetos al interés y la voluntad de las inmobiliarias y los rentistas por el Decreto 70/2023″.
«Las consecuencias del DNU 70 del Gobierno de Javier Milei, es un retroceso de 100 años, cuando las familias trabajadoras vivían hacinadas y no podían ejercer ningún derecho, solo entregar su fuerza de trabajo y pagar el alquiler. En nombre del perverso y cínico ‘acuerdo entre partes’, de Ushuaia a La Quiaca tres millones de hogares inquilinos están sufriendo la mayor extracción de ingresos que se recuerde y cuyas consecuencias son dramáticas. El Gobierno ha nacionalizado el saqueo sin ley ni protección alguna«, recalcaron desde la Federación.
«No hay una sola organización comunitaria que desconozca lo que ocurre, porque inquilinas e inquilinos somos la mayoría de los que trabajan y los que estudian. El futuro inmediato es obvio: empieza a proliferar la suspensión de pago, crece el desalojo judicial. Nos adentramos en una crisis habitacional que desembocará inevitablemente en una crisis social«, concluyeron.
Ambito
