Tras la audiencia en el Salón de Acuerdos de Verano de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y las presiones del gremio La Bancaria, el gobernador, Axel Kicillof, volvió a remitir a la Legislatura bonaerense, aunque esta vez por el Senado, el proyecto de reforma previsional del Banco Provincia, que busca derogar la Ley 15.008 sancionada en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal (PRO).
Según pudo saber Diputados Bonaerenses, la iniciativa que modifica del régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia vuelve a establecer la edad jubilatoria de las mujeres en 60 años y cambia el régimen de movilidad, tras las miles de presentaciones judiciales por parte de empleados que denunciaron la “inconstitucionalidad” de la legislación.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia pidió a los pocos legisladores presentes en la audiencia de hace dos semanas modificar el artículo 41 de la Ley 15.008, que fijó la actualización de los haberes jubilatorios conforme a la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma.
“La actual gestión asumió el desafío de iniciar las negociaciones en la mesa de diálogo con el doble objetivo de intentar mitigar los riesgos judiciales heredados y de lograr un acuerdo de consenso entre todas las partes involucradas que pudiera consolidar la restitución de derechos y la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones”, fundamentó Kicillof en el texto del proyecto de reforma del Bapro.
El proyecto de Kicillof, que podría entrar en la negociación del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva de diciembre que viene, dispone que las jubilaciones del Banco Provincia deben volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, minetras que la norma vigente establece el 70%.
En tanto, según la iniciativa oficialista el aporte de los activos pasaría del 14 al 16%, el de los ingresantes aumentaría al 19% y las contribuciones obligatorias de la entidad financiera treparían al 21%, todo para solventar el incremento del 70 al 82% en una caja que actualmente ya genera un déficit del orden de los $100.000 millones, siempre según la óptica de un peronismo apurado por los bancarios.
Además, el articulado de Ejecutivo establece que el directorio encargado de administrar la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Bapro pase de 3 a 5 integrantes: un presidente designado por el Poder Ejecutivo; un representante del Gobierno; otro el directorio, elegido por la entidad; otro de los afiliados en actividad; y uno de los afiliados jubilados.
Es preciso mencionar que, que se trata del mismo proyecto que Kicillof giró a la Cámara de Diputados en 2022, que avanzó en comisiones y que figuró varias veces en los órdenes del día. Finalmente, por la falta de apoyo opositor, específicamente el ala del PRO bajo las órdenes de Mauricio Macri, la iniciativa perdió estado parlamentario a comienzos de 2023, por lo que se deberá discutir nuevamente.
No obstante, la Suprema Corte bonaerense convocó días atrás a una audiencia informativa entre los distintos sectores políticos que componen la Legislatura bonaerense para que se consensue un proyecto de ley que le brinde una solución definitiva al régimen jubilatorio del Bapro.
Al conclave, que encabezaron el presidente de la Corte bonaerense, Daniel Fernando Soria, la Vicepresidenta Hilda Kogan, el Ministro Sergio Torres y el Procurador General Julio Conte Grand, sólo asistieron los senadores María Rosa Martínez (UxP), Marcelo Leguizamón (PRO) y Agustín Máspoli (UCR). Por lo que, sorprendió la falta de representación de diputados y la ausencia de sectores políticos clave para que el proyecto avance en la Legislatura bonaerense.
Durante el encuentro, el asesor General de Gobierno , Santiago López Teruel, ratificó que Kicillof iba a girar nuevamente el proyecto a la Legislatura bonaerense. “La Corte no tiene más margen y si comienza a fallar la Provincia va a tener que afrontar costos millonarios”, consignaron fuentes parlamentarias en diálogo con Diputados Bonaerenses.
Reforma jubilatoria del Banco Provincia: la oposición pone reparos
Durante la audiencia con los integrantes de la Corte, el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón planteó que “todos saben la postura del PRO”. “Nos hubiese gustado que haya el diálogo, hay muchas fuerzas políticas, con nosotros no han hablado, podríamos haber trabajado en una mesa conjunta”, cuestionó.
Desde el radicalismo, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, dijo que sigue teniendo una postura similar a 2022, que no acepta la derogación de la Ley 15.008, aunque se mostró abierto a trabajar en modificaciones para cumplir con la solicitud de la Corte bonaerense, que prioriza los cambios sobre el cuestionado artículo 41.
Pese a que la convocatoria de la Corte bonaerense marcaba de manera taxativa que debían ser convocadas las diferentes expresiones políticas de ambas Cámaras de la Legislatura, el bloque oficial de senadores bonaerense de La Libertad Avanza denunció que “fue apartado deliberadamente de dicho encuentro”.
“La actitud irresponsable del kirchnerismo, expresión mayoritaria en los recintos, constituye un pésimo comienzo para la empresa que encomendó la Corte y va en dirección completamente opuesta a la búsqueda de diálogo y consensos que amerita una ley de esta naturaleza, en las que tienen que estar involucradas todas las expresiones parlamentarias”, remarcaron los senadores libertarios.
Por último, los senadores que responden a Javier Milei advirtieron que “el proyecto del kirchnerismo se encamina a otro fracaso legislativo, que podría significar un millonario costo económico para la provincia de Buenos Aires que, si la Legislatura no se encuentra una rápida solución al conflicto, deberá afrontar los más de 5 mil amparos presentados en la Justicia, perjudicando a los bonaerenses que pagan sus impuestos”.
