El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a prorrogar este martes 14 de diciembre la Resolución 2018-246, implementada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que suspende la aplicación de la ley que regula el uso de los agroquímicos en la provincia de Buenos Aires.
La ley de agroquímicos, fue sancionada a finales de 2018 y a inicio de 2019 la exgobernadora Vidal decidió suspenderla frente a las duras citicas de ambientalistas. Dentro de los cuestionamientos, enumeraron la falta de distancias seguras para las fumigaciones y la necesidad de limitar las aplicaciones en cercanías a las escuelas.
Durante ese periodo, se creó un equipo interdisciplinario encargado de diseñar un protocolo que modificara las distancias de fumigación en las inmediaciones a los colegios. Asimismo, Vidal instó a los productores a abstenerse de aplicar fitosanitarios cerca de estos establecimientos.
Sin embargo, ante la ausencia de una normativa unificada a nivel provincial ha llevado a varios municipios a desarrollar sus propias ordenanzas para regular el uso de agroquímicos. San Antonio de Areco y Bolívar se han destacado como pioneros en esta autonomía normativa.
Este martes, el gobierno de Kicillof justificó la extensión de la prórroga de la suspensión de la ley de agroquímicos aludiendo a la necesidad de continuar ajustando las herramientas propuestas en conjunto con el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA). Este organismo ha trabajado en recopilar información y compartir criterios para desarrollar políticas públicas enfocadas en la sustentabilidad del sector, así como en la mitigación de impactos ambientales, sanitarios y alimentarios.
El OTA, creado en 2020 por iniciativa del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, tiene como objetivo principal proporcionar información científica y técnica sobre el uso y los efectos de los agroquímicos. Esta información busca fundamentar la formulación de políticas públicas específicas que regulen la aplicación de estos productos en la provincia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se destacó el diálogo generado con diversos municipios, algunos de los cuales han recibido asesoramiento para actualizar normativas ya obsoletas. Ciudades como Baradero, 9 de Julio, Chivilcoy y Campana han sido mencionadas como ejemplos de este acompañamiento, con actividades que incluyeron charlas para abordar situaciones problemáticas locales.
En los fundamentos del decreto de Kicillof, el Poder Ejecutivo subraya avances en la gestión integral de los fitosanitarios. Entre estos, se menciona la digitalización de la receta agronómica y la incorporación del remito y el Acta de Condiciones Técnicas de Trabajo al sistema digital. Además, se ha reforzado la verificación de las máquinas de aplicación y se han promovido jornadas participativas para debatir la eficiencia de nuevas tecnologías.
Agroquímicos: Kicillof promueve una nueva ley
En este sentido, el Gobierno provincial recordó que se encuentra en tratamiento legislativo un proyecto de ley de agroquímicos para establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión y uso de productos fitosanitarios en el ámbito agropecuario y agroindustrial. Esta iniciativa tiene como fin dotar de un marco legal homogéneo y actualizado a nivel provincial.
Cabe recordar que el OTA ha sido un actor clave desde su creación en 2020, consolidándose como un espacio de articulación y debate sobre el uso responsable de agroquímicos. El organismo busca garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario, así como minimizar los riesgos asociados a la salud y al medio ambiente.
En tanto, en varios municipios han implementado medidas proactivas para proteger la salud de los habitantes y el entorno natural. Estas iniciativas demuestran la importancia de la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para abordar un problema de gran relevancia social y ambiental.
Sin embargo, la falta de una normativa uniforme en todo el territorio provincial sigue siendo un desafío. Las medidas locales, aunque necesarias, no siempre son suficientes para garantizar una regulación equitativa y eficaz. Este vacío normativo resalta la urgencia de una legislación integral que contemple las distintas realidades productivas y sociales de la provincia.
La oposición pide una nueva ley de agroquímicos
La Coalición Cívica (CC) ingresó a principio de 2023 un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de terminar con el “desorden legislativo” causado por la diversidad de normativas municipales.
La iniciativa, que lleva la firma del diputado de la CC, Luciano Bugallo, cuenta con más de 40 artículos en los que establece las condiciones para el correcto uso de los fitosanitarios en áreas principalmente periurbanas.
De esta forma, el proyecto del legislador referenciado en la fundadora de la CC, Elisa “Lilita” Carrió, pretende instaurar una normativa única provincial, desafectando las diversas normativas municipales que entorpecen la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires.
“La falta de ordenamiento legislativo y la profusión de normativas municipales sin fundamente técnico ni científico ha generado conflictos entre los vecinos y los productores, agravado por el miedo y la desinformación generada por movimientos políticos encubiertos bajo la figura de agrupaciones ambientalistas”, manifestó Bugallo, su momento.
