Este lunes, los docentes y no docentes de las universidades nacionales del país iniciaron el paro universitario de 48 horas, al que habían convocado la semana pasada, con el objetivo de reclamarle al Gobierno nacional de Javier Milei una recomposición salarial y el cese del desfinanciamiento del sistema universitario.
El paro universitario, que se extenderá todo el lunes y martes, fue convocada por el Frente Sindical Universitario y cuenta con la adhesión de gremios docentes y no docentes que, además del reclamo por un incremento salarial, denuncian la reducción de becas estudiantiles, la paralización de obras de infraestructura y el recorte en el financiamiento de la investigación científica y tecnológica.
Es preciso mencionar que, la principal demanda del paro universitario es la actualización de los haberes de los trabajadores universitarios, ya que durante el año pasado, los salarios del sector tuvieron una recomposición del 270%, primero en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego en el resto de las universidades nacionales.
Sin embargo, en 2025 esta actualización quedó desfasada respecto de la inflación. Según denuncian los sindicatos, los incrementos salariales de enero (1,5%) y febrero (1,2%) fueron inferiores a la inflación de esos meses, que alcanzó el 2,2% y 2,4%, respectivamente. Esta situación ha generado una caída sostenida del poder adquisitivo de docentes e investigadores.
Desde el Frente Sindical Universitario, que agrupa a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA, le exigen al Gobierno nacional la inmediata convocatoria a paritarias, y sostienen que la administración libertaria “tomó decisiones salariales” de manera unilateral, y que el ajuste en el sector educativo impacta negativamente en la calidad académica.
Según el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, la pérdida de ingresos está impulsando una creciente migración de docentes e investigadores hacia universidades privadas o del exterior. “En el último año, alrededor del 6% o 7% del personal de nuestra facultad emigró a otros países o aceptó ofertas de universidades privadas que pagan hasta tres veces más que la UBA“, explicó.
Además de la crisis salarial que impulsó el paro universitario, la comunidad universitaria enfrenta un grave recorte en el financiamiento para la investigación. Es que, los subsidios de la Agencia de Promoción de la Investigación no fueron entregados, y las becas doctorales se redujeron drásticamente, lo que también provoca una deserción en el ámbito científico.
En ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado alertando sobre la drástica reducción de recursos destinados al sistema científico y tecnológico, y advirtió que el recorte presupuestario que realiza el Gobierno nacional tiene como principal objetivo “frenar el desarrollo autónomo del sector”.
A esta situación se suma la paralización de obras de infraestructura en distintas universidades, también denunciadas por el CIN. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el rectorado expresó su preocupación por la falta de recursos para mantenimiento y ampliación edilicia: “Tuvimos que recurrir a un fondo de emergencia para garantizar la continuidad de algunos laboratorios y equipos esenciales”, señalaron.
Un panorama similar se observa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de San Luis, donde obras ya adjudicadas quedaron en suspenso. Desde la UNC remarcaron que incluso proyectos financiados con fondos internacionales están detenidos, y que el financiamiento para obras de infraestructura fue suspendido, a pesar de que esos recursos no impactan en el presupuesto nacional.
En este contexto, el paro universitario de los docentes y no docentes fue decidido en la primera reunión del año del Frente Sindical Universitario, y tiene un fuerte respaldo gremial. A nivel nacional, las federaciones que representan a los trabajadores de las casas de estudios coincidieron en la necesidad de una respuesta urgente por parte del Gobierno.
En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Educación, denunciaron que la situación forma parte de un proceso de ajuste sistemático en la educación pública, y que es un plan del Gobierno para reducir las matrículas en todas las universidades. “El vaciamiento del sistema universitario es una política deliberada de desfinanciamiento”, advirtieron.
Mientras los trabajadores de todas las universidades mantienen el plan de lucha que se extenderá hasta el final del martes, el Ministerio de Capital Humano no emitió señales de negociación paritaria. En tanto, los gremios advirtieron que, de no haber avances en sus demandas, podrían profundizar las medidas de protesta en las próximas semanas.
Paro universitario: ¿podrían volver a convocar una marcha federal?
Cabe señalar que, el escenario de crisis que enfrentan las universidades nacionales este 2025 recuerda lo ocurrido en 2024, cuando miles de estudiantes, docentes y autoridades académicas salieron a las calles en dos oportunidades en el marco de la Marcha Federal Universitaria para reclamar mayor financiamiento y denunciar el ajuste presupuestario.
Las movilizaciones, que tuvieron su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también contaron con réplicas en distintas provincias, y dejó en evidencia la preocupación generalizada que existe en la sociedad argentina por la defensa de la educación pública superior, una de las mas grandes conquistas de los trabajadores.
En tanto, las dos masivas movilizaciones fueron impulsadas por el CIN, junto con sindicatos y federaciones estudiantiles. Uno de los principales reclamos fue la actualización de los fondos para el funcionamiento de las universidades, ya que el presupuesto aprobado para 2023 se mantuvo congelado sin ajustes por inflación, lo que generó un ahogo financiero en las instituciones.
Al mismo tiempo, los gremios que nuclean a los docentes y no docentes universitarios exigieron la reapertura de paritarias y mejoras salariales, mientras que los estudiantes denunciaron el recorte de becas y la paralización de obras de infraestructura.
Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, la comunidad universitaria mostró una fuerte unidad en defensa de la educación pública y gratuita. La masividad de las protestas fue interpretada como un mensaje claro a la administración libertaria, que se vio presionada a abrir canales de diálogo.
Ahora, con un 2025 que se perfila igual o peor en términos presupuestarios, las universidades y gremios advierten que, si no hay soluciones concretas, la historia podría repetirse con nuevas marchas en defensa del sistema universitario.
