LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA CONFIRMÓ EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA AL EX JEFE DE GABINETE ANÍBAL FERNÁNDEZ POR PAGO DE SOBREPRECIOS Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL «PLAN QUNITA», IDEADO EN EL KIRCHNERISMO PARA LA PROVISIÓN DE KITS DE RECIÉN NACIDOS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que confirmó los procesamientos «fraude en perjuicio de la administración pública» para Fernández, el ex ministro de Salud Daniel Gollan y el ex viceministro de Salud que manejó la licitación Nicolás Kreplak, entre otros, según el fallo al que accedió Télam.
Fernández quedó procesado porque junto a Gollan fueron los firmantes de la adjudicación de la licitación para proveer los kits con productos a madres de recién nacidos beneficiarias de planes sociales, que según la Cámara fue direccionada, con pago de sobreprecios y entregada a empresas sin experiencia en el rubro.
El trámite de la licitación estuvo «plagado de irregularidades», advirtieron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Cattani y Eduardo Farah, al confirmar los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio.
Y destacaron que el plan Qunita fue derogado por el actual gobierno a través de la resolución 454 del Ministerio de Salud ante informes sobre la «peligrosidad de algunos elementos» del kit para los recién nacidos.
Las irregularidades significaron «un perjuicio económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitieron la afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $ 1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits)», según la resolución.
La Cámara confirmó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos para Fernández y otros procesados por los delitos de «fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
En cuanto al ex ministro de Salud Juan Manzur la Cámara revocó el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio y lo dejó con falta de mérito por falta de pruebas, decisión que benefició además a miembros de la dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo.
A los procesados se les imputan las irregularidades en el proceso de licitación del plan, por lo cual se confirmó además el procesamiento a los empresarios de las seis firmas que la ganaron.
«Tampoco es un dato menor que las empresas adjudicadas no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que, por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación», advirtió la Cámara.
La causa se inició por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña en junio de 2015 referida a la licitación para la compra de 150 mil kits de recién nacidos por mil cien millones de pesos.
La licitación fue ganada por empresas que nunca se habían dedicado al tema, cuatro de ellas con domicilio en La Plata y recién constituidas.
En el fallo se aludió «como dato primordial» al apartamiento sin fundamentos por parte de los funcionarios públicos que intervinieron en la licitación «del precio testigo inicial» fijado en 4096,33 pesos por kit, un accionar «que irrogó al Estado una desventaja patrimonial por demás considerable».
Los funcionarios aceptaron ofertas de un valor promedio de 7800 pesos el kit, es decir, tres mil pesos más que el informado por la Sindicatura General de la Nación en un informe de cotización.
Los responsables no justificaron «las razones por las que se continúo con el trámite de una compra en base a ofertas que superaban en exceso el valor inicial estimado en el pliego y de aquél brindado por la sindicatura en su primer informe como precio de referencia», advirtieron los camaristas.
También remarcaron que a raíz del secuestro de facturas en firmas proveedoras en allanamientos ordenados por Bonadio «se observa la existencia de sobreprecios» y que «al menos ocho de los elementos del kit duplican y hasta cuadriplican su valor de compra».
La Cámara entendió además que las seis firmas adjudicatarias de la licitación «coordinaron su accionar» y por ello hubo similitud en los precios de sus ofertas, que a lo sumo se diferenciaron en 120 pesos cada kit.
Las empresas cuyos responsables terminaron procesados son «Fasano», «Fibromad», «Delta Obras y Proyectos», «Dromotech», «Grupo Diela» y «Compañía Comercial Narciso».
También se detectó la existencia de proveedores en común entre las empresas, como una a la que las seis empresas fueron el mismo día para comprar elementos del kit.
También se verificó que todas compraron elementos para el kit antes de que se las proclamara ganadoras de la licitación.
También se confirmaron los procesamientos de los ex funcionarios de Salud Ana Viana, Fanny Lamas, Juan Carlos Piccolini y de tres integrantes de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Alicia Atensio, Claudia Esteban y Carlos Tejada.
En cuanto a Manzur, se le dictó falta de mérito por entender que actuó en la primera etapa de la licitación, cuando «aún no se advertía el direccionamiento a favor de las firmas» que la ganaron.
