Empresarios frigoríficos informaron que el incremento será de un 5% y que afectará a todos los cortes. Lo atribuyen a la suba salarial de los empleados y al alza en las tarifas de los servicios públicos.
El precio de la carne aumentará un 5 por ciento en los próximos días como consecuencia del acuerdo salarial que selló el sector, informó el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía.
Asimismo, el empresario alertó que hay empresas que por ese incremento, sumado a la caída en el consumo y en la exportación, pueden terminar «en alguna presentación de concurso preventivo».
«La reapertura de la paritaria de la industria de la carne, aunque desde la Jefatura de Gabinete se diga otra cosa, culminará con un aumento salarial interanual de 42% a partir del julio último», subrayó Urcía.
En este sentido, argumentó que «las empresas tienen que hacer frente a un incremento salarial retroactivo del orden del 27% y por supuesto sin garantías de que el acuerdo llegue al término previsto, el 31 de marzo del año próximo».
Advirtió que «esta situación traerá como consecuencia un incremento en el precio final de la carne en el orden de un 5%, debido a que la industria y los operadores comerciales no están en condiciones de absorber nuevos aumentos».
Además, en un comunicado, señaló que «las tarifas de energía y gas tuvieron aumentos considerables, también subieron el combustible y las tasas del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)», y remarcó que «la presión impositiva en general también influye en el encarecimiento del producto».
«Por ende no queda más alternativa que cargar esos incrementos del costos en el precio de venta de la carne, agravando así la disminución del consumo interno», afirmó Urcía.
Lo cierto es que en los últimos meses, el consumo de carne disminuyó debido a los aumentos el consumo de carne. «En lo que va del año el consumo ha disminuido en alrededor de 5 kilos por habitante al año», recordó el empresario.
A su criterio, «es de fundamental importancia que el Estado acote la presión tributaria», y consideró que «la posibilidad de utilizar el impuesto al débito y crédito bancario para el pago de gravámenes es necesario para morigerar el impacto del tributo en el precio final del producto, y también como mecanismo de transparencia y seguridad de los operadores».