La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó sin vetos la ley que permite el uso y la distribución de una polémica píldora contra el cáncer, que, según exámenes del Gobierno, demostró tener una baja eficacia, según se publicó este jueves en el Diario Oficial de la Unión.
La medida, que había sido aprobada por el Congreso, autoriza a las personas con cáncer a utilizar la fosfoetanolamina sintética por «libre elección», siempre y cuando haya un laudo médico y el paciente asuma la responsabilidad.
La «píldora del cáncer» fue desarrollada por un investigador de la Universidad de Sao Paulo (USP) y era considerada «milagrosa» por algunos pacientes, a pesar de que no había sido probada ni registrada.
La presión popular llevó al Gobierno a realizar una serie de testeos, pero los primeros resultados de esos exámenes no llegaron a satisfacer las grandes expectativas generadas por el producto, según explicó el ministerio de Ciencia el pasado marzo.
Según los resultados de los estudios iniciales en laboratorio, el remedio resultó ser menos eficaz para tratar el cáncer que algunos anticancerígenos ya conocidos.
No obstante, a pesar de la posición del ministerio, la ley fue sancionada por Rousseff y autoriza el uso, la producción, la distribución y la prescripción del uso de la fosfoetanolamina con «carácter excepcional».
La sustancia, sin embargo, todavía no está registrada en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que también había expresado su recelo sobre el uso de la píldora.
La fosfoetanolamina fue distribuida gratuitamente durante más de una década por la USP, hasta que las autoridades sanitarias la prohibieron por la falta de estudios clínicos acerca de su eficacia.
Entonces algunos pacientes con cáncer recurrieron a los tribunales, varios jueces fallaron a su favor y obligaron a la USP a suministrar la sustancia.
El Tribunal Supremo de Brasil se pronunció recientemente y dio la USP la opción de dejar de distribuir la píldora, al considerar que no corresponde a la universidad producir la fosfoetanolamina ni al «Poder Judicial respaldar la práctica de una medicina no basada en evidencias”.
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