El fiscal Cantaro explicó que los operativos estaban ligados a una investigación que buscaba determinar la existencia de contaminación en el agua de la ría, y si había especies comprometidas. En el marco de la causa solicitamos varias medidas, pedimos hace dos años una suspensión del vertido de residuos tóxicos. Pero esa petición nos fue denegada en ese momento, aunque finalmente la justicia decidió que sí, pero no se resolvió porque faltaban algunos elementos que son los que hemos solicitado ahora».
A través de una pericia con la Facultad de Agronomía de la UBA hemos solicitado pautas concretas para los cuales se requería tomar muestras tanto de agua como de sedimentos de peces y moluscos. Por eso, ingresamos a las empresas para tomar estas muestras», indicó el fiscal.
Hemos visto que hay especies icticolas muy dañadas por estos vertidos. El primer paso es saber si hay impacto o contaminación en esta discusión de términos, pero fundamentalmente si los limites de los vertidos están por encima de lo permitido. Con un procedimiento más sofisticado intentaremos determinar de qué procedimiento industrial proviene, y esto podría excluir a algunas empresas», manifestó.
Nos han dicho de la universidad y de la Policía Federal que los resultados podrían tener entre 30 y 45 días un anticipo. De comprobarse la contaminación insistiríamos en la prohibición de vertidos hasta que exista una planta de tratamiento de residuos tóxicos y un saneamiento de la ría», expresó.
