En un clima de máxima tensión, Agentes de la Policía Nacional Española y de la Guardia Civil se despliegan en colegios de Barcelona y otras ciudades para evitar que se pueda votar. Los efectivos retiraron urnas y en algunas escuelas restringieron Internet. Se suspendió el partido entre Barcelona y las Palmas.
Al poco del arranque de esta jornada histórica de votación, que se desarrolla bajo prohibición, el Ejecutivo central español de Mariano Rajoy dio por «desbaratado» el referéndum. Sin embargo, media hora más tarde, el vocero del gobierno catalán, Jordi Turrull, rebatió esa información al afirmar en conferencia de prensa que «el 63 por ciento de los centros de votación, 3 de cada 4, están funcionando, lo que significa que 4.600 mesas electorales están abiertas».
«Pedimos serenidad y paciencia. Los miembros de cada mesa tienen un teléfono para contactar con el centro de asistencia técnica de este censo universal, y ante cada problema pondremos una solución», dijo Turull, quien insistió en que el gobierno catalán garantizará que todos los ciudadanos puedan votar.
Por su parte, el Ejecutivo español criticó la «pasividad» de los Mossos de Esquadra (policía catalana), quienes tenían ordenes de precintar las escuelas que debían funcionar como centros de votación antes de las 6 de la mañana, cumpliendo órdenes judiciales, y no lo hicieron «poniendo en riesgo el prestigio» de ese cuerpo por razones políticas.
«Por eso la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que actuar. El objetivo no son las personas. Es el material electoral. Nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos hacer», dijo el Delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo. 
