El Gobierno de Javier Milei anunció que la próxima semana dará inicio a los exámenes de idoneidad destinados a evaluar el desempeño y rendimiento de los trabajadores estatales, que alcanzará en su primera etapa a un grupo inicial de 40.000 trabajadores en situación de planta transitoria, contratos y monotributistas.
Según informaron fuentes oficiales, estos exámenes no buscan actuar como un filtro, sino establecer un requisito que garantice un “estándar básico” para quienes integren la administración pública.
La implementación de esta evaluación, contempla que los exámenes sean obligatorios para renovar contratos y también para nuevos ingresos al Estado nacional, junto con la presentación del certificado de antecedentes penales.
Las pruebas se dividirán en dos categorías: una para personal administrativo y otra para profesionales, que evaluarán habilidades como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y, en el caso de los profesionales, conocimientos específicos sobre la administración pública.
Las evaluaciones se realizarán en establecimientos designados, donde los empleados públicos responderán entre 20 y 24 preguntas en una hora. El resultado será comunicado de inmediato al participante, pero no será público ni utilizado para rankings.
De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, los empleados públicos tendrán hasta tres oportunidades para aprobar, y se analiza extender los contratos de aquellos que no aprueben en el primer intento. Para poder participar de los exámenes de idoneidad, los trabajadores deberán sacar un turno a través de una página web oficial que será habilitada por el Gobierno para tal efecto.
Exámenes de idoneidad y la búsqueda de un “Estado eficiente”
Los exámenes de idoneidad forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir y reestructurar el aparato estatal, que desde el inicio de la gestión experimentó un recorte significativo en el volumen de empleados públicos.
Según cifras oficiales, la gestión de Javier Milei redujo un 33% el número de autoridades superiores, con el cierre de más de 250 áreas administrativas y eliminación de 30.000 puestos de trabajo en la administración pública y empresas estatales, lo que representa un descenso del 7,8%. En el caso del Correo Argentino, por ejemplo, solo durante el 2024, la planta laboral disminuyó de 17.000 a 12.000 empleados.
En ese sentido, el Ejecutivo también apunta a redefinir el alcance del Estado, con el análisis de cada área bajo tres criterios: si corresponde a la administración nacional, provincial o municipal, o si debe operar en el ámbito privado. Este enfoque incluye el estudio de organismos descentralizados, de los cuales algunos serán cerrados o fusionados debido a la pérdida de su función original. Sin embargo, instituciones clave como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) no serán afectadas.
En tanto, al respecto a los empleados públicos de áreas clausuradas, la actual conducción nacional aclara que muchos no fueron despedidos sino puestos en disponibilidad, manteniendo su salario por hasta un año mientras se intenta reubicarlos en otras funciones. En caso de no lograrlo, el Estado procederá a su desvinculación con indemnización correspondiente.
En materia salarial, el Gobierno analiza la posibilidad de unificar los más de 50 convenios existentes para simplificar el sistema y establecer una base común. Además, desde Casa Rosada evalúan implementar en el futuro premios al desempeño para áreas con mejores resultados, en línea con el objetivo de lograr un Estado más eficiente y orientado al concepto de “servidor público”.
Los principales argumentos de la gestión Milei frente a este “desguace” de empleados públicos se vinculan con el “excesivo” gasto público, que pasó de representar el 32% del Producto Bruto Interno (PBI) en los años 90 al 43% al final del mandato anterior, sin evidencias de mejora en servicios clave como salud, educación y seguridad, según señalaron fuentes oficiales.
En qué consisten los exámenes de idoneidad para empleados públicos
Los empleados públicos deberán inscribirse a través de la plataforma del Sistema de Evaluación Pública (SEP), donde obtendrán un turno personalizado. Una vez registrado con su número de documento, el sistema generará un usuario y una contraseña que los empleados deberán usar para rendir el examen, para garantizar así la transparencia del proceso y poder evitar favoritismos.
Según trascendió, el examen será presencial, anónimo y de opción múltiple, con una duración estimada de una hora. En este marco, los empleados públicos deberán optar entre tres tipos de evaluaciones según el área de desempeño: servicios generales, administrativos o profesionales. En el caso de los profesionales, la prueba sumará un módulo específico sobre administración pública.
En el caso de las evaluaciones de comprensión lectora, las preguntas se enfocarán en analizar textos breves, determinando si el candidato puede identificar ideas principales, deducir conclusiones y reconocer la intención comunicativa. Por ejemplo, podrían incluir ejercicios sobre el propósito de un texto o la relación entre párrafos.
En el área de razonamiento lógico matemático, se abordarán problemas básicos de lógica y cálculo, como operaciones aritméticas, reconocimiento de patrones y resolución de problemas simples. Ejercicios típicos podrían incluir completar secuencias numéricas o resolver situaciones cotidianas que involucren porcentajes y proporciones.
El módulo de administración pública, diseñado específicamente para profesionales, planteará preguntas sobre normativas y procedimientos específicos del ámbito estatal. Estas evaluaciones requerirán el estudio previo de un manual que el Gobierno nacional pondrá a disposición próximamente.
