La empresa conducida por Mario Dell´Acqua analiza quitar de la venta asientos para descomprimir una operación amenazada por las medidas de fuerza.
La discusión salarial en Aerolíneas Argentinas y Austral no es una más. Este año se ha convertido en un punto de quiebre respecto de la compañía aérea que viene. Lejos del acuerdo, en la empresa analizan quitar de la venta asientos para descomprimir una operación amenazada por las medidas de fuerza.
Nadie descarta que podría haber un nuevo paro: habrá que prepararse entonces para demoras y cancelaciones constantes mientras la paritaria esté abierta. El «quite de colaboración» es una medida de fuerza pequeña si se la compara con un paro aunque, si se mantiene por un periodo prolongado, puede ser letal para una línea aérea.
El viernes, por caso, seis vuelos internacionales se cancelaron. No es necesaria la huelga en esta actividad para poner una cuña en el engranaje diario.
Hay algo que es novedoso o, al menos, no se veía desde 1986 y es que los pilotos se negaron a volar anticipadamente. Justamente, ante una medida de fuerza programada, el cronograma previo ayuda a menguar las consecuencias. En la jornada de martes pasado se tuvieron que cancelar vuelos desde las 15 del día anterior. Pasada la medida de fuerza tampoco tomaron vuelos reprogramados, una práctica habitual en las líneas aéreas por la que la tripulación cobra, además, un extra. En este caso están en su derecho de hacerlo, pero en la compañía llamo la atención que sea tan poca la colaboración del sindicato.
Hay una cuestión que preocupa. El conflicto va para largo y en Aerolíneas se preguntan si lo que se vende ahora en las ventanillas se podrá volar en unas semanas. Creen que no y posiblemente, para evitar los aeropuertos llenos de gente encendida, se reduzca la oferta. La medida es extrema, ya que quitaría del mercado miles de asientos, pero se analiza en los principales despachos de la empresa.
La tensión entre los directivos de la línea aérea y los principales dirigentes de los gremios está en aumento. Es una disputa silenciosa y aunque parezca contradictorio, ambas partes, ejecutivos de la empresa y gremios, tienen un mismo objetivo: esmerilar la credibilidad del otro.
Los sindicatos le pegan a la empresa en donde más le duele: en la confianza del pasajero. En los últimos años, los usuarios volvieron a considerar a la línea de bandera como una opción confiable. Incluso durante la gestión de Mariano Recalde. Claro que entonces todo se arreglaba con la billetera del Estado que financió a razón de dos millones de dólares diarios a la compañía. El dinero compró, entre otras cosas, puntualidad.
Los indicadores de puntualidad se resquebrajan con estas medidas y la gestión se queda sin poder mostrar números hacia arriba. Enfrente, los ejecutivos de la empresa, acompañados se podría decir por varios funcionarios del ministerio de Transporte, también quieren jugar a restar credibilidad a los gremios.
Un excel con los sueldos de todas las categorías de empleados de los seis gremios está listo para distribuirse. Aquella pirámide, que generaría envidia no sólo de todos los empleados en relación de dependencia de la Argentina sino que también de muchos empresarios, comerciantes y profesionales, tiene su vértice en los comandantes de los aviones más importantes.
Los directivos de Aerolíneas agitan esa planilla. Dicen que un comandante de un Airbus 330 o 340, entre sueldo bruto y adicionales, cobra por mes 360.000 pesos. Claro que inmediatamente aclaran que no son todos, que solo es una muestra del vértice de la pirámide y que además, está en el rango de lo que cobra un comandante de una empresa como Air France o Lufthansa. Pero después aclaran que el problema no es el sueldo sino la productividad: 48 horas 40 minutos de vuelo por mes un local contra alrededor de 55 en esas empresas.
Despues del 42% de aumento del año pasado, la gestión actual quiere cerrar en no más de 20%, compuesto por un 16% al que se le suma un adicional no remunerativo, que se complementa con una cláusula gatillo en caso de que la inflación supere ese número. Los gremios insisten en el 27 por ciento.
Más allá de el número, que no es menos ya que por cada punto que la empresa otorga se aman en la cuenta final decenas de millones de pesos, los que se discute en el fondo es la compañía que viene.
En el Gobierno dicen que aquella empresa en la que se negociaba con la chequera del Estado como garantía se terminó. Ahora será de acuerdo a lo que pueda pagar la compañía, dicen.
En los sindicatos están renuentes. Argumentan que no hay un interlocutor válido. O más bien, extrañan a los anteriores.
Diego Cabot
La Nacion
