La comunidad internacional mira con sombro como en la Argentina de Macri se deportan periodistas y activistas presentes en un lista negra elaborada por la cancillería nacional.
El líder noruego de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac), Petter Titland había arribado a Ezeiza por la tarde pero no pudo pasar migraciones. Titland es uno de los 64 representantes de la sociedad civil a quienes el Gobierno argentino decidió prohibirles que participen en la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Embajada de Noruega solicitó a la Cancillería argentina que le permitieran ingresar y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus preventivo con el nombre de todos los individuos presentes en la lista negra elaborada por la Agencia Federal de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad. La vía diplomática se frustró por la negativa de ministerio encabezado por Patricia Bullrich. El accionar judicial que podría haber habilitado el ingreso de Titland fue desestimado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
“Me echan de la Argentina sin argumentos. Lo único que me dijo una persona de seguridad fue que no me permitían ingresar por lo que dice en el sitio web de mi organización. Pregunté qué parte de la página consideraban violenta y no respondieron. Es absurdo”, explicó Titland.
Durante su estadía en Ezeiza el noruego fue seguido de cerca por un guardia de seguridad privada: “Se llama Jorge, es un tipo decente”, comentó en medio de la conversación donde cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri. “El retiro masivo de acreditaciones a manos del país anfitrión no tiene precedente en la historia de la OMC. Es un escándalo, este hecho socava seriamente la legitimidad de las negociaciones y la OMC.
PN
