Casa Rosada vivió horas especiales antes y después de la resolución que frenó el aumento del gas. El desajuste fiscal es más tolerable que el traspié político.
El miércoles a la noche, Mauricio Macri se fue a dormir confiado. Había jugado el segundo tiempo de los clásicos picados de los miércoles en la Quinta de Olivos con una victoria 3 a 2 sobre el equipo rival, y había amanecido la mañana del jueves con la misma creencia de que el fallo de la Corte Suprema sería favorable al tarifazo que desde hace más de cuatro meses había querido implementar.
Los funcionarios de máxima confianza con los que se reunió en su despacho apenas conocida la resolución judicial que frenó el aumento de la tarifa del gas a usuarios residenciales, cerca del mediodía, lo vieron brotado de ira. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el asesor Fabián Rodríguez Simón, entre otros, lograron calmarlo. Trataron de convencerlo de que, en general, era un fallo «esperable». Y que podía haber sido muchísimo peor. No por lo político, algo en lo que el Presidente no suele detenerse tanto, sino porque el costo fiscal del freno del tarifazo a todos los usuarios, incluida la industria y los comercios, sí hubiera significado un desbarajuste de proporciones impensadas para un Gobierno que, en ese escenario, había pronosticado una debacle económica.
La ira de Macri no apuntó en rigor a las conclusiones técnicas del fallo, sino a aquellos asesores de su entorno más próximo que le habían asegurado que la resolución del máximo tribunal iba a ser poco menos que la panacea. Justo en el tema que más lo obsesiona desde hace meses. Por algo la conferencia de prensa de la tarde del jueves de Peña y los ministros Germán Garavano y Juan José Aranguren contó con una escenografía de funcionarios inusual. José Torello, Horacio Reyser, Gustavo Lopetegui y Rodríguez Simón, de habituales perfil bajo, se mezclaron entre asesores, periodistas y los secretarios de Estado abocados a la comunicación presidencial que suelen confluir en esas conferencias.
Según confiaron a Infobae diversas fuentes oficiales, el Gobierno no supo interpretar aún el funcionamiento y la relación con la Corte Suprema. Abundaron interlocutores inválidos, según la lógica de los jueces. «A ellos les preocupa que el reclamo de la sociedad en Plaza de Mayo no termine en la plaza de Tribunales», razonó recién después del fallo uno de los voceros presidenciales que había estado un rato antes en la oficina del Presidente. Tras el enojo inicial, Macri pidió sin embargo no confrontar con el máximo tribunal. Si el fallo es digerible para el Gobierno -es cierto que podría haber sido más favorable pero no es menos cierto que podría haber sido más duro- es porque en el ánimo del tribunal nunca estuvo la premisa de inquietar al Ejecutivo.
Algunos funcionarios del ala política todavía se preguntan por qué el Poder Ejecutivo se había dado el lujo de aceptar la postergación de la jura de Carlos Rosenkratz, prevista para la semana que viene, en una Corte que atraviesa un período de renovación que recién empieza y en el que el macrismo todavía no logra hacer pie ni decodificar.
Sin embargo, el Ejecutivo tomó la resolución de la tarifa del gas como el ordenador para la implementación de una medida que no logró consensuar. Más allá de que, según la Casa Rosada, la judicialización hubiera sido imposible de sortear. El jueves, cerca de Macri ponían como ejemplo la traba en el aumento de la tarifa del boleto del subte, frenada por la Justicia a pesar de la realización de dos audiencias.
Macri sabrá con el correr de los meses si el costo político de la resolución de hoy tiene o no impacto en su gestión. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, dos de los funcionarios de mayor peso de su gabinete, deberán ahora abocarse a otro de los grandes escollos a sortear en las próximas semanas: la terminación y el envío al Congreso, previsto para el 15 de septiembre, del presupuesto 2017, para el que desde hace varias semanas piden un fuerte ajuste a los ministros.
Federico Mayol/ Infobae
