Se profundiza la crisis universitaria. Ante el anuncio del veto del presupuesto universitario hecho por el presidente Javier Milei, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y los sindicatos ADUBA (docentes) y APUBA (no docentes) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron este martes a un paro para el jueves 26 de septiembre.
De manera conjunta, ADUBA y APUBA difundieron una serie de medidas para reclamar por mejoras salariales y defender la ley de presupuesto universitario votada en el Senado por amplia mayoría la semana pasada. Además del paro, el martes 24 a las 10 harán un abrazo al Hospital de Clínicas. Poco después, FATUN se sumó a la medida de fuerza «sin concurrencia a los lugares de trabajo».
Medidas similares avalúan CONADU Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CTERA, Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). También se avalúa la realización de una marcha nacional universitaria para el 2 de octubre, si el presidente Milei finalmente cumple su promesa de veto.
Financiamiento universitario: cruces entre el Gobierno y las casas de estudio
Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó la semana pasada la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Como contrapartida, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias. Esto es cerca de la mitad de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las casas de estudio sigan funcionando, que es $7,2 billones.
A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.
Desde la oposición, impulsores de la iniciativa por el financiamiento universitario anticiparon que, ni bien salga a la luz el veto presidencial, van a convocar a una sesión especial para insistir en la ley, en paralelo a una nueva marcha universitaria nacional.
Ambito
