El Gobierno nacional resolvió postergar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Bahía Blanca, cuya entrada en vigencia estaba pautada para el 5 de mayo, debido a los severos daños provocados por el temporal que azotó la ciudad y la región el pasado 7 de marzo. La nueva fecha establecida es el 29 de septiembre, según consta en la resolución 233/2025 del Ministerio de Justicia publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión fue tomada tras un pedido formal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en el marco de la emergencia ambiental, económica y habitacional que fue declarada tanto por el Gobierno bonaerense como por la Cámara de Diputados de la Nación.
Según el informe elevado por el tribunal a la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona, los edificios judiciales sufrieron “daños de envergadura”, con pérdida de documentación, tableros eléctricos inutilizados y severos deterioros estructurales. Una de las sedes del Ministerio Público Fiscal quedó completamente inhabitable, con presencia de barro, residuos cloacales, sin energía eléctrica ni internet. Las capacitaciones previstas para el distrito debieron suspenderse.
Vale recordar que el pasado 7 de marzo, un fuerte temporal afectó a Bahía Blanca y partidos vecinos como Coronel Rosales, Villarino, Puán y Coronel Suárez, lo que dejó un saldo de 16 personas que perdieron la vida, más de 1.400 evacuados y graves destrozos en infraestructuras públicas y privadas. La zona donde se ubica el edificio central del Poder Judicial, en inmediaciones de la plaza Rivadavia, fue una de las más afectadas. Allí, un juzgado de responsabilidad penal juvenil y una defensoría se inundaron por completo.
La Cámara Federal precisó que las plantas bajas y subsuelos de los juzgados federales N°1 y N°2 y del Tribunal Oral Federal fueron invadidos por agua y lodo, lo que generó la pérdida de mobiliario, documentación y equipos. Además, la Defensoría General de la Nación reportó que dos de sus tres dependencias sufrieron pérdidas totales, y que muchos trabajadores judiciales también se vieron afectados en sus viviendas particulares.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal forma parte de la estrategia de transformación de la Justicia penal en todo el país, para implementar el sistema acusatorio, agilizar los procesos judiciales y garantizar una mejor administración del servicio de justicia. Bahía Blanca, junto a Mar del Plata, figura entre los distritos considerados “estratégicos” por el Ministerio de Justicia para la implementación del nuevo esquema.
La postergación fue avalada también por el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General, que coincidieron en que las condiciones actuales de infraestructura no permiten garantizar una implementación ordenada ni funcional del nuevo sistema.
Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que el cambio de fecha para la entrada en vigencia del Código tiene carácter “excepcional y extraordinario” y responde a la necesidad de “coordinar acciones y reorganizar las actividades institucionales afectadas por la inundación”.
La resolución firmada por Cúneo Libarona ya fue comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Seguridad y a los distintos organismos del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar una reanudación efectiva de las tareas judiciales en condiciones seguras y con herramientas adecuadas.
Una nueva agencia federal por Bahía Blanca
El mismo día en que se confirmó la postergación de la vigencia del Código en Bahía Blanca, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 250/2025 la designación de las autoridades de la flamante Agencia Federal de Emergencias (AFE). Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, creado para responder ante desastres naturales como inundaciones, incendios forestales y terremotos.
Al frente de la AFE fue designado el abogado Santiago Hardie, mientras que como subdirector asumirá Pedro Ignacio Cabello. La agencia tendrá bajo su órbita la implementación de la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y Protección Civil (SINAGIR) y la Ley de Manejo del Fuego. Su objetivo será coordinar acciones de prevención, asistencia, y recuperación en todo el país, articulando esfuerzos entre fuerzas federales, organismos técnicos y autoridades locales.
