Luego de que el Gobierno nacional decidiera reemplazar, por decreto, la Administración General de Puertos (AGP), por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dos titulares de las entidades portuarios de la provincia de Buenos Aires alertaron que la medida atenta contra el federalismo y que favorece a negociados privados.
Según detallaron el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo y su par de Quequén, Jimena López, disolver la AGP implica volver al modelo privatista de los noventa al quitarle el control del Estado a la Vía Navegable Troncal, un trazado de más de 3.500 kilómetros conformados por el Río de La Plata y el Río Paraná.
“Es una ecuación de negocio y no una mirada de desarrollo, de producción, de crecimiento del país. Esto está vinculada con los intereses que manejan las grandes corporaciones y que ayudan más a las grandes corporaciones que operan en Puerto Montevideo que a los argentinos”, afirmó Lojo en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En ese sentido, el titular de la terminal de La Plata calificó la disolución de la AGP para fusionarla con la Secretaría de Puertos como un “acto de centralización”, tras lo cual indicó que la medida “es un jalón adicional a la misma línea de acciones” que efectuó la administración de Javier Milei a lo largo de su mandato.
“Están totalmente opuestos a tener una mirada de integración de un sistema que sea para el beneficio de todas las regiones del país que permitan el desarrollo productivo regional y federal y que tenga en cuenta las opiniones de las distintas áreas del país”, sostuvo Lojo tras enumerar la reducción del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA) y eliminar el Consejo Portuario Argentino.
La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en reemplazo de la AGP forma parte de una política del Gobierno nacional para reestructurar el Estado por una gestión más “transparente y eficiente”. El abogado Iñaki Miguel Arreseygor, un hombre cercano al PRO, estará al frente del nuevo organismo.
En ese marco, la titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena López, cuestionó el discurso oficial de “achicamiento del Estado”, al fundamentar que la desarticulación de la Administración General de Puertos “implica volver al modelo privatista de los 90″. “La medida no tiene la mirada sobre nuestra vía navegable y por ende, sobre la función soberana que debemos ejercer como control”, destacó.
“La libre navegabilidad de los ríos no implica que como estado no nos reservemos las condiciones en que se van a navegar dichos ríos. No le veo un sentido de mejora en la disolución de AGP sino simplemente un anuncio panfletario de achicamiento para recaer las funciones seguramente en alguna empresa privada amiga”, concluyó López.
Por su parte, el extitular del Puerto de Mar del Plata, Gabriel Felizia, indicó que si bien había cuestiones dentro de la AGP que necesitaban ser revisadas, la decisión del Gobierno de Milei “destruye absolutamente todas las herramientas que nos den una posibilidad de fortalecer la soberanía”. “Lo más grave serán las licitaciones a 30 años sin un previo dictamen, estudio y aceptación de la cuestión ambiental”, ponderó.
La disolución de la AGP
El lunes, el Gobierno nacional formalizó la disolución de la AGP y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo que asumirá el manejo del puerto de Buenos Aires y la administración de la Vía Navegable Troncal.
Según lo dispuesto por el Decreto 3/2025 publicado en el Boletín Oficial, rige también la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y la licitación del dragado de la hidrovía, que será adjudicado a empresas privadas.
Entre sus principales tareas, estará la licitación de la denominada Hidrovía, uno de los principales proyectos de Milei de cara al 2025 y que ha generado fuertes cuestionamientos de los sectores opositores al Gobierno libertario.
“A lo largo de los últimos años la AGP de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a sus funciones y competencias”, precisó el Gobierno en el Decreto y aseguró que ello, conlleva un costo para el Estado nacional.
