Los docentes universitarios nucleados en la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y regularice la situación salarial del sector. Las asambleas realizadas en las facultades de Medicina y Exactas, definieron la medida de fuerza ante lo que los gremios consideran un incumplimiento de la normativa vigente.
La Agrupación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) comunicó que el paro comenzará el próximo 16 de marzo y se extenderá hasta que el Ejecutivo nacional cumpla con los reclamos salariales. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, afirmaron desde la organización docente.
Los dirigentes gremiales sostuvieron que el conflicto salarial, que comenzó en paralelo a las políticas de ajuste de la administración libertaria, se agravó en los últimos meses por la falta de actualización de los ingresos del sector. En ese marco, los docentes señalaron que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó mientras el Gobierno busca impulsar cambios en la normativa de financiamiento.
En tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también definió avanzar con un plan de lucha escalonado que se extenderá durante todo el semestre. El plenario de secretarios generales resolvió que, además de la semana de paro prevista desde el lunes 16, el gremio llevará adelante nuevas medidas de fuerza frente a la decisión del Ejecutivo nacional de no aplicar la ley vigente.
“La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible para la docencia universitaria y a la necesidad de responder con fuerza a este nuevo ataque”, señalaron desde el plenario de CONADU al justificar la convocatoria a las medidas de fuerza.
El descontento de los gremios docentes se origina en la decisión del Gobierno nacional de impulsar un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario que reduce el alcance de la recomposición salarial. La propuesta establece aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la actualización automática por inflación y deja sin efecto la recomposición correspondiente al período 2023-2024.
Vale precisar que, esta semana, los rectores de universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires también se reunieron para reclamar el cumplimiento de la norma sancionada por el Congreso. Las autoridades académicas además exigieron que el Ejecutivo dé marcha atrás con la intención de impulsar una nueva normativa que reemplace a la legislación reclamada por la comunidad educativa.
El encuentro tuvo lugar en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde los rectores analizaron la situación financiera de las casas de altos estudios y definieron insistir con el reclamo judicial para la implementación efectiva de la legislación. “Eso es lo que queremos que se cumpla. La decisión judicial es clara en cuanto ordena al Gobierno que debe aplicar la Ley”, fustigaron.
El recorte al Financiamiento Universitario que denuncian las universidades
En medio de las presiones desde el oficialismo para modificar el esquema de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior. Con la sanción del Presupuesto 2026, las universidades nacionales recibirán uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas, una situación que profundiza la crisis del sector docente.
Los cálculos que elaboraron distintos sectores del sistema universitario advierten que los presupuestos de las casas de estudio registrarán este año una caída real cercana al 34% respecto al 2023. Incluso frente a 2025, los fondos también exhiben una disminución en términos reales pese a los aumentos nominales previstos en las partidas.
En ese contexto, las estimaciones indican que el Estado nacional destinará alrededor de 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI) al financiamiento universitario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional proyecta recortes en áreas clave como becas estudiantiles, ciencia y tecnología.
Finalmente, las autoridades universitarias también denunciaron reducciones en partidas sensibles del sistema educativo, entre ellas los presupuestos de hospitales universitarios, que registraron recortes de hasta 30%. Por caso, la comunidad educativa advirtió que este escenario impacta en el funcionamiento de las instituciones, en el salario real docente y en el acceso a una educación pública de calidad.
