El sistema de educación no pública en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente preocupación por la combinación de factores económicos que afectan a los colegios privados de todo el territorio bonaerense, entre los que se destacan el aumento de la presión impositiva en algunos municipios, el atraso en el pago de las cuotas por parte de las familias y el incremento de los costos para mantener el funcionamiento de las instituciones.
En este sentido, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) advirtieron que determinadas decisiones fiscales adoptadas a nivel local podrían profundizar las dificultades financieras que enfrentan muchos colegios privados, al tiempo que alertaron sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la sostenibilidad del sistema educativo no estatal.
Uno de los casos que encendió las alarmas entre los representantes del sector es el del municipio de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece un incremento del 100% en la tasa de seguridad e higiene, y fija una contribución obligatoria mensual de 7.500 pesos por cada empleado de las pymes, categoría en la que también se encuentran encuadrados los colegios privados.
En tanto, el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que la aplicación de este tipo de tasas municipales puede afectar de manera particular a los colegios privados debido a la estructura de personal que poseen, al tiempo que detalló que, a diferencia de otras pequeñas y medianas empresas que cuentan con planteles reducidos, los establecimientos educativos suelen emplear a decenas de trabajadores entre docentes, directivos y personal administrativo, lo que multiplica el impacto de los tributos locales.
“Un colegio privado es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, señaló Zurita al describir la situación del sector. Es que, de acuerdo con estimaciones realizadas por las entidades que agrupan a los colegios privados, una institución de tamaño medio podría llegar a abonar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en concepto de tasas municipales si se aplicaran medidas como las adoptadas en Pilar, lo que implicaría un costo superior a los 20 millones de pesos anuales.
Frente a ese escenario, desde AIEPA señalaron que la situación resulta difícil de explicar en el actual contexto económico que atraviesan los colegios privados. “En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, que adelantó que la entidad analiza distintas alternativas para solicitar a las autoridades municipales que reconsideren este tipo de decisiones impositivas.
A estas dificultades se suma el impacto de la negociación salarial docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense propuso un aumento del 9% en tres tramos para los trabajadores de la educación, incremento que se agregaría a los ajustes otorgados hacia fines del año pasado, mientras que desde los colegios privados aseguran que no cuestionan las mejoras salariales para los trabajadores, aunque remarcan que necesitan que autoricen incrementos equivalentes en los aranceles para poder afrontar esos compromisos.
En la provincia, aproximadamente el 70% de los establecimientos privados recibe algún tipo de aporte estatal para el pago de salarios, lo que implica que cualquier modificación en las cuotas que pagan las familias debe contar con autorización del Gobierno provincial. Según señalaron desde el sector, si los aumentos salariales no son acompañados por actualizaciones en los aranceles, los colegios privados enfrentan un desfasaje financiero que puede volverse difícil de sostener en el tiempo.
El panorama se completa con otros factores que también presionan sobre la situación económica de los colegios privados, como la caída de la matrícula registrada en los últimos años y el aumento de los niveles de morosidad en el pago de las cuotas. De acuerdo con los datos mencionados por Zurita, el sistema educativo en su conjunto perdió alrededor de 300 mil alumnos en los últimos cuatro años, fenómeno que se vincula con la baja de la natalidad y con las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.
En ese contexto, algunas instituciones ya se vieron obligadas a cerrar sus puertas, especialmente en zonas del Conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata. Según indicaron desde el sector, se trata de un proceso que comenzó a hacerse más visible después de la pandemia y que responde a la combinación de varios factores: el atraso en los aranceles, el incremento de los costos de los servicios públicos y las complicaciones financieras de muchos colegios privados que, para sostener su funcionamiento, debieron endeudarse o recurrir a créditos con el objetivo de pagar salarios y cargas sociales.
Colegios privados reclaman un aumento de cuotas tras la suba salarial a docentes
Antes de que comience el ciclo lectivo, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires reclamaron al Gobierno bonaerense la autorización correspondiente para actualizar las cuotas luego del aumento salarial retroactivo otorgado a los docentes, en un contexto de preocupación financiera del sector.
Es preciso mencionar que, el planteo fue realizado por AIEPA, que nuclea a los colegios privados de todos los niveles educativos en el territorio bonaerense, y surgió como respuesta directa al acuerdo paritario que incluyó un incremento salarial retroactivo para el personal docente, decisión que, según la entidad, alteró de manera significativa la estructura de costos de los colegios sin que estos tengan una herramienta para compensar ese impacto.
Es que, desde la Asociación que lidera Zurita advierten que los nuevos costos laborales no pueden ser absorbidos con los aranceles vigentes que cobran los colegios privados, y que la falta de una adecuación inmediata genera un desfasaje difícil de sostener para todas las instituciones no estatales de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, desde la organización explicaron que las instituciones atraviesan un “fuerte desequilibrio económico” a partir de la actualización salarial acordada en paritarias, dado que las cuotas se mantienen sin cambios, lo que deja a los colegios con varios meses de costos incrementados y sin ingresos adicionales que permitan afrontarlos.
