La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo de Javier Milei y cuestionó la consistencia de sus argumentos, en un fallo que impacta de forma directa en salarios y becas del sistema.
En concreto, la resolución judicial obliga a la administración libertaria a ejecutar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Además, la decisión incluye la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
En ese marco, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los planteos de la conducción nacional y pusieron en duda la solidez de la apelación oficial. “Resultan poco serios los agravios presentados por el Estado”, señalaron los magistrados al descartar que la cautelar constituya una sentencia definitiva encubierta.
A la vez, la Cámara evaluó el impacto fiscal de la medida y determinó que su implementación no compromete el interés público ni altera de manera sustancial el equilibrio de las cuentas. Por el contrario, el tribunal federal remarcó que la discusión involucra la protección efectiva de un derecho central consagrado en la Constitución, como el acceso a la educación superior pública.
Cabe recordar que la cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema. En ese contexto, más de 40 universidades públicas respaldaron la presentación y reforzaron el carácter institucional del reclamo.
A través del fallo, Cormick cuestionó el Decreto 759/2025, que había suspendido la ejecución de la ley y condicionado su aplicación a la definición de financiamiento específico. El magistrado sostuvo que la decisión del Gobierno presentaba rasgos de arbitrariedad e implicaba el incumplimiento de un deber jurídico concreto por parte del Estado.
Por su parte, desde el Ejecutivo libertario defendieron su postura al sostener que la normativa requiere una definición previa de partidas presupuestarias que, según indicaron, no fue contemplada durante el tratamiento legislativo. En esa línea, altos funcionarios nacionales remarcaron que esa atribución corresponde al Congreso y advirtieron sobre eventuales efectos en el equilibrio fiscal.
Finalmente, la Cámara rechazó los planteos del oficialismo y ratificó la obligación estatal de garantizar el financiamiento universitario sin dilaciones. De esta manera, el fallo ordena la disputa entre la gestión de Javier Milei y las universidades, que se abrió desde el inicio del gobierno libertario y escaló en los últimos meses en un contexto de deterioro del sistema.
La UNLP entra en paro mientras crece la tensión por el Financiamiento Universitario
En paralelo al fallo judicial que obliga al Gobierno a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto en las universidades suma nuevas medidas de fuerza. Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron un paro de dos semanas para abril, mientras que durante la jornada de hoy los trabajadores nodocentes llevan adelante una protesta en reclamo por salarios y presupuesto.
En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) resolvió profundizar el plan de lucha tras una asamblea masiva realizada en la Facultad de Artes. “Denunciamos el desfinanciamiento del sistema universitario y exigimos la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresaron desde el gremio al ratificar la continuidad de las medidas.
Según detallaron, el cronograma incluye paros el 30 y 31 de marzo, el 1° y 4 de abril, del 27 al 30 de abril y el 2 de mayo inclusive, lo que implicará dos semanas completas de interrupción de actividades. De este modo, el conflicto salarial del sector universitario impactará de lleno en el inicio del cuatrimestre en la UNLP y anticipa un mes marcado por la paralización del sistema.
Vale precisar que el escenario refleja un deterioro sostenido del sistema público universitario, por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del presupuesto. Con una reducción real cercana al 34% respecto a 2023, y una inversión proyectada de apenas 0,47% del PBI, las universidades advierten que el ajuste ya impacta en el funcionamiento académico, la investigación y el acceso a la educación pública.
