El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo y tenso cruce con la prensa acreditada en el Congreso de la Nación. Al ingresar al Palacio Legislativo a paso raudo, escoltado por su hermana Karina y con el Gabinete a pleno detrás suyo, el mandatario reaccionó con insultos ante las insistentes preguntas sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Ante la consulta reiterada de un cronista sobre por qué sostiene al funcionario en su cargo, y tras escuchar que alguien le gritaba «corrupto», el jefe de Estado se mostró visiblemente fastidioso y respondió sin frenar su marcha con un fuerte agravio generalizado: «Corruptos son ustedes».
El silencio de los ministros y la escalada contra la prensa
El clima de hostilidad también se reflejó en el resto de la comitiva oficial. Los ministros que caminaban detrás del Presidente evitaron responder a las consultas periodísticas. Las únicas excepciones fueron el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes al menos saludaron y se excusaron ante los micrófonos.
Este episodio en el Congreso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada del Gobierno contra la prensa. El jueves de la semana pasada, Milei ordenó a la Casa Militar prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, retirando las credenciales a más de 60 trabajadores de prensa.
Las causas judiciales que incomodan al oficialismo
Los repetidos insultos del Presidente hacia el periodismo, replicados diariamente en redes sociales por funcionarios y simpatizantes libertarios, se han potenciado en las últimas semanas.
IMPORTANTE: Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso
Este nivel de confrontación crece al compás de los vaivenes del plan económico y de las fuertes novedades judiciales que sacuden a la administración: el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, los avances en la causa $LIBRA (donde se investiga una presunta mega estafa), y las graves acusaciones de corrupción impulsadas por la Justicia por irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
