El diputado nacional de Unidos, Esteban Paulón, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en la Argentina y establecer un marco regulatorio integral pasa su acceso en el sistema de salud.
En la iniciativa, Paulón reconoce el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir en condiciones determinadas y bajo un procedimiento regulado, con el objetivo de garantizar decisiones libres, informadas y sin presiones externas.
Además, el texto plantea que la muerte asistida se incorpore como una prestación sanitaria, con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, bajo estándares de calidad y supervisión estatal.
En rigor, el proyecto contempla dos modalidades: la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde el paciente se autoadministra el fármaco prescripto.
Para acceder, el legislador establece requisitos estrictos: padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que genere un sufrimiento considerado intolerable, haber manifestado la voluntad de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.
Asimismo, el procedimiento de muerte asistida incluye múltiples instancias de control: una evaluación del médico tratante, un equipo interdisciplinario que acompaña al paciente y verifica su capacidad de decisión. Luego interviene un médico independiente y, finalmente, una comisión evaluadora que debe emitir un dictamen previo obligatorio.
“La persona debe realizar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento sin ningún requisito formal”, amplió Paulón, quien aclaró que el texto también reconoce el derecho de dejar directivas anticipadas.
En cuanto a los profesionales de la salud, Paulón habilita la objeción de conciencia individual, pero se prohíbe expresamente que instituciones médicas la invoquen para impedir el acceso al procedimiento, garantizando así la disponibilidad efectiva del servicio.
En sus fundamentos, Paulón sostuvo que el objetivo es asegurar una “muerte digna” basada en la autonomía del paciente y en el respeto a sus decisiones más íntimas, al tiempo que plantea que la regulación permitirá dotar de transparencia a situaciones que hoy ocurren sin marco legal.
“La falta de regulación genera desigualdad, ya que solo quienes cuentan con recursos pueden acceder a prácticas no formalizadas o viajar al exterior, mientras otros deben atravesar situaciones de sufrimiento sin alternativas legales”, cerró el legislador.
