Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejaron firme este jueves la medida cautelar por la que el Gobierno nacional tendrá que aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que consideraban inconstitucionales.
El Gobierno encabezado por Javier Milei intentó vetar la Ley 27.795, de financiamiento universitario, pero una vez que la norma fue ratificada por el Congreso acudió a la Justicia con el reclamo de que el texto no preveía de dónde saldrían los fondos para costear la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Esos puntos se volvieron el centro de la discusión que zanjó este jueves la Corte Suprema al dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar ambos artículos de la norma.
Hace 20 días la Corte Suprema rechazaba una presentación del Estado nacional para apartarse de la causa que impulsó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.
La decisión quedó plasmada en un fallo firmado el 4 de junio, en el que el máximo tribunal desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo contra resoluciones previas que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
Como última instancia, los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinaron que los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían a una sentencia definitiva, por lo que el máximo tribunal no puede intervenir.
Aunque el fallo obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario tal cual fue votada y ratificada por el Congreso, la Corte Suprema no resolvió si es válido el decreto de Javier Milei para suspender dos artículos de la norma.
La falta de respuesta ante ese escenario jurídico deja abierta la puerta a un nuevo camino en los tribunales.
Mientras tanto, el Gobierno acordó la transferencia de fondos a las universidades nacionales para aplicar subas del 24,33% en los salarios del personal docente y no docente, y para hacer frente a un 20% los gastos de funcionamiento y más un aumento de hasta $50.000.000.000 en las partidas presupuestarias de los hospitales universitarios.
