Previo a la primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense, el gobernador Axel Kicillof formalizó el envío del proyecto destinado a regular el trabajo mediante plataformas digitales, que anticipó durante la apertura del período legislativo en marzo pasado. La iniciativa busca ordenar la actividad de las aplicaciones de delivery y transporte, un debate parlamentario que el peronismo no logró saldar en 2023.
El texto oficial ingresó junto con otras dos iniciativas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo provincial: la creación de un Centro de Industria Farmacéutica y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Salud. De esta manera, el mandatario bonaerense avanzó con una parte central del paquete de leyes que había prometido ante la Asamblea Legislativa, pese a las tensiones políticas de la interna peronista, que demoraron sus desembarcos formales en la Legislatura.
En ese marco, la llamada “ley de repartidores” asoma como una de las apuestas políticas más sensibles del paquete que remitió Kicillof. El proyecto no solo apunta a las aplicaciones de reparto, como Rappi y PedidosYa, sino que también alcanza a las plataformas de transporte de personas, como Uber, Didi y Cabify, por lo que el debate promete volver a exponer tensiones entre el Ejecutivo, las empresas y un sector de los trabajadores que ya mostró reparos frente a intentos regulatorios anteriores.
En rigor, el proyecto crea el “Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales”, con el objetivo de generar acciones que brinden acceso a servicios, información y beneficios para las personas que desarrollan tareas organizadas o mediadas por aplicaciones. El texto evita encasillar de manera cerrada la relación contractual y alcanza a todos los trabajadores empleados o contratados bajo cualquier forma jurídica, siempre que cumplan tareas dentro del territorio bonaerense.
Este punto marca una primera diferencia con el antecedente que había impulsado el exsenador peronista Omar Plaini en 2022. Aquel proyecto concentraba la regulación en la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de plataformas, con certificados habilitantes personales e intransferibles, renovación anual e inscripción de los vehículos afectados a la actividad.
En contrapartida, el nuevo texto del Ejecutivo amplía el enfoque y presenta la regulación como un esquema de protección, asistencia, información y fiscalización. En ese sentido, la iniciativa de Kicillof define como “plataforma de trabajo” a cualquier forma organizativa que, mediante sistemas automatizados o digitales, “promueve, facilita o dirige la realización de una tarea humana para la prestación de un servicio”.
Por caso, uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa. A diferencia de la propuesta de Plaini, el impulso del Gobierno provincial establece que la inscripción será obligatoria para las empresas, mientras que los trabajadores podrán incorporarse mediante una nueva aplicación móvil, cuyo diseño e implementación quedarán a cargo del Ejecutivo.
El articulado encomienda al Estado provincial el desarrollo de esta herramienta digital para facilitar el acceso de los usuarios a servicios de seguridad, emergencias y otros beneficios vinculados con la actividad. En ese aspecto, la cartera de Trabajo bonaerense justificó la implementación de la app como una respuesta ante los accidentes viales, los hechos de inseguridad y las situaciones de riesgo que atraviesan repartidores y choferes durante la jornada.
Otro capítulo fuerte de la ley apunta a los deberes de información que deberán cumplir las empresas. Las plataformas tendrán que poner a disposición de las autoridades competentes y de los representantes de los trabajadores, datos sobre cantidad de personas activas, situación contractual de cada operario, condiciones generales del vínculo, duración media de la prestación, promedio de horas semanales e ingresos medios.
Vale precisar que este punto introduce una discusión de fondo sobre la transparencia en el funcionamiento de las aplicaciones. El propio Kicillof había planteado en su discurso inaugural de marzo que el Estado debía acceder a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, por lo que el proyecto traduce esa preocupación en una obligación concreta para las firmas del sector.
Por otro lado, la contratación de seguros constituye otro de los pilares del expediente oficial. Las empresas que organicen o intermedien tareas de reparto, retiro, traslado, entrega de bienes o transporte de personas en la vía pública deberán contratar, a su exclusivo cargo y costo, un seguro de accidentes personales con cobertura integral frente a los riesgos derivados de la actividad.
La póliza deberá cubrir, como mínimo, muerte accidental, invalidez total o parcial permanente por accidente, además de la asistencia médica y farmacéutica de emergencia. El proyecto establece que la cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión, pero también incluirá los trayectos hacia centros de operación, depósitos, locales o paradores habilitados.
Además, el texto incorpora el recorrido in itinere entre el domicilio particular de la persona trabajadora y el lugar de inicio de la prestación de servicios, así como el trayecto entre dos trabajos para distintas empresas de plataformas en caso de simultaneidad.
En tanto, el apartado sobre las llamadas “tiendas invisibles” introduce otro elemento de control estatal sobre el ecosistema de las aplicaciones. La presentación oficialista define a estos espacios como “establecimientos que, a puertas cerradas, realizan venta, almacenamiento, empaque o entrega de mercaderías” cuyos pedidos llegan a través de plataformas digitales y desde los cuales los repartidores retiran los productos. Los conocidos popularmente como “PedidosYa Markets“.
El item mencionado apunta de lleno a los centros de operación que funcionan sin atención al público tradicional y que concentran buena parte de la logística de las apps de delivery. De acuerdo con el escrito, el Ministerio de Trabajo también quedará a cargo de relevar estos locales, con el objetivo de detectar desde dónde parten los trabajadores y qué condiciones ofrece el entorno en materia de seguridad e seguridad.
Finalmente, el proyecto también establece la instalación de paradores públicos, destinados a garantizar el aseo y el descanso de los trabajadores durante la jornada laboral, a partir de una coordinación entre la Provincia, los municipios y las empresas de plataformas.
El artículo en cuestión también abre la puerta a una implementación territorial que dependerá, en buena medida, de la adhesión de los 135 distritos bonaerenses y de la capacidad de cada comuna para ordenar espacios de descanso y estacionamiento, especialmente en zonas de alta demanda.
Según reza el documento parlamentario, el incumplimiento de alguna de estas obligaciones será considerado una infracción a la normativa laboral y podrá escalar a la categoría más severa si existe un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. En ese sentido, la fiscalización quedará en manos del organismo que conduce Correa, bajo el marco sancionatorio previsto por la legislación provincial vigente.
El antecedente del proyecto fallido del peronismo para regular las apps de delivery y transporte
En términos políticos, el proyecto de Kicillof parece haber tomado nota del antecedente fallido de 2023. La iniciativa del exlegislador Plaini había obtenido media sanción en el Senado bonaerense en octubre de 2022, pero su llegada a Diputados abrió una fuerte resistencia de repartidores, empresas y sectores de la oposición, que denunciaron un intento de sindicalización encubierta y forzaron al peronismo a frenar el tratamiento.
La discusión escaló en abril de 2023, cuando trabajadores de aplicaciones protestaron en las afueras de la Legislatura bonaerense contra el proyecto. En aquel momento, el oficialismo intentó defender el registro como una herramienta de ordenamiento, pero el rechazo público, la presión empresaria y la intervención del entonces ministro de Economía nacional, Sergio Massa, terminaron por congelar el debate.
Ante este escenario, el nuevo avance regulatorio busca correrse de aquel punto de conflicto y pone el eje en las obligaciones empresarias, con un “piso de protección” para los trabajadores antes que con un trámite habilitante para trabajar.
No obstante, el proyecto también llega en un contexto nacional adverso para las regulaciones laborales. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno nacional empujó una agenda de desregulación económica y flexibilización normativa que contrasta con la mirada del Ejecutivo bonaerense.
