En el marco de la causa judicial sobre el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por la evolución de su patrimonio, los investigadores determinaron de manera preliminar que realizó consumos por $139 millones con tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo de este año, mientras ejercía funciones públicas. El monto surge de cálculos elaborados sobre los resúmenes bancarios incorporados a la causa, y ahora deberá ser corroborado a través de un informe patrimonial solicitado a un organismo especializado.
De acuerdo con la investigación, los resúmenes de las tarjetas fueron obtenidos luego del levantamiento del secreto bancario dispuesto sobre el entonces funcionario. Según las estimaciones realizadas hasta el momento, el nivel de gasto registrado superaría el salario promedio que percibió el ex vocero presidencial durante su paso por la administración pública.
En tanto, la causa también analiza el presunto uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados subordinados de Adorni para la compra de elementos vinculados a videojuegos. Según consta en el expediente que está en manos de la Justicia federal, una exempleada declaró como testigo que el entonces funcionario de Javier Milei utilizaba las tarjetas de sus trabajadores y luego devolvía el dinero en efectivo.
Por eso, los investigadores incorporaron otros elementos a la pesquisa, entre ellos gastos realizados en efectivo. En ese sentido, se menciona la declaración del contratista Matías Tabar respecto del pago de 245 mil dólares en efectivo destinados a la refacción de una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cua, mientras que la causa también analiza compras de camas y blanquería por alrededor de $8 millones facturadas a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo, junto a pagos en dólares por viajes y refacciones realizados desde la llegada de Adorni a la función pública.
Según la información incorporada al expediente, Adorni percibió un salario mensual de $3,5 millones hasta fines de 2025, cifra que luego ascendió a $7,6 millones. Mientras tanto, la Justicia espera el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que se le encomendó un análisis integral sobre la evolución patrimonial del ex funcionario y de su grupo familiar.
Una vez recibido ese estudio, la fiscalía evaluará si corresponde intimar a Adorni para que justifique el origen de su patrimonio. En caso de que las explicaciones no resulten suficientes, el fiscal podría solicitar que sea citado a declaración indagatoria, una decisión que deberá resolver el juez de la causa, Ariel Lijo.
En paralelo, la investigación también se amplió a períodos anteriores al ingreso de Adorni a la función pública, ya que entre otras medidas el fiscal solicitó un informe técnico sobre la evolución de la cotización del Bitcoin durante los últimos trece años para evaluar la posibilidad de que el ex funcionario hubiera obtenido una ganancia de USD 300 mil mediante una inversión que, según manifestó en una entrevista periodística, mantuvo sin declarar hasta la actualidad.
Por último, la Justicia requirió información sobre la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y pidió un relevamiento de todas las declaraciones públicas del ex funcionario vinculadas a criptomonedas realizadas antes de incorporarse al gobierno de Javier Milei. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del capital inicial de inversión que, según sostuvo el propio ex jefe de Gabinete, ascendía a USD 200 mil.
