Este jueves, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) asistió a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la medida dictada por el Ejecutivo bonaerense en el Presupuesto 2026 con la que busca traspasar el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los colegios privados al régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS).
La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 que presentó Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense, que establece que el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los colegios privados, es decir aquellos que dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria, dejarán de aportar al sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y pasen a realizar sus aportes al IPS.
En ese sentido, desde AIEPA advirtieron que la medida fue adoptada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sin ninguna instancia previa de diálogo con los representantes de los colegios privados y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales de los no docentes, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Los colegios privados siguen alcanzados por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que los libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas que dejarían de aportar al sistema nacional para comenzar a realizar sus contribuciones previsionales al régimen de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, AIEPA sostuvo que la medida podría generar un impacto económico tanto para las instituciones educativas como para los trabajadores, y alertó sobre un posible incremento del costo laboral por la eventual pérdida del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales para colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, al tiempo que indicó que el aporte personal al IPS resulta superior al previsto en el sistema nacional, lo que podría afectar el ingreso de bolsillo del personal.
En la misma línea, la entidad remarcó que el cambio en los aportes previsionales podría generar consecuencias para el propio personal alcanzado, ya que muchos de ellos poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, en el futuro podrían no reunir los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial. En ese escenario, terminarían jubilándose por ANSES, pese a que durante años sus aportes habrían sido derivados al sistema bonaerense.
Frente a esta situación, la entidad que nuclea a los colegios privados promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de bonaerense para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la normativa y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas. En su presentación, la entidad hizo hincapié en la vigencia del régimen nacional, la jerarquía normativa federal, la falta de coordinación entre Nación y Provincia, y el riesgo de que las instituciones enfrenten reclamos simultáneos de organismos previsionales nacionales y provinciales.
En particular, AIEPA advirtió que, si una institución dejara de ingresar de un período a otro los aportes al régimen nacional sin una norma o acto administrativo nacional que expresamente la exima de esa obligación, podría quedar expuesta a eventuales reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.
En paralelo, AIEPA comunicó formalmente su postura a la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), y solicitó que no se exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional hasta que exista certeza normativa, administrativa y judicial.
El reclamo de los colegios privados por los aportes previsionales de los no docentes llegó a la Justicia federal
Es preciso mencionar que, la polémica adquirió mayor relevancia institucional luego de que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y con intervención de los organismos competentes, promoviera la misma acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, también en busca de declarar la inconstitucionalidad de la normativa provincial.
Para AIEPA, la demanda nacional constituye un respaldo sustancial a la línea argumental que la entidad sostiene desde el inicio del conflicto, en tanto confirma que la cuestión no se limita a una discusión administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremacía normativa.
“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad liderada por Zurita.
En última instancia, AIEPA remarcó que los colegios privados no buscan dejar de cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales, sino contar con una definición clara, válida y coordinada entre Nación y Provincia respecto del régimen aplicable, por lo que solicitó que no se exija la implementación del traspaso a las escuelas, hasta tanto exista una definición judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gestión privada.
