En las últimas horas, el diputado de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, presentó un proyecto para modificar la ley que regula a la ingresó a la Policía Bonaerense con el objetivo de que las fuerzas de seguridad provinciales cuenten con pistolas Taser entre su abanico de herramientas, un viejo pedido opositor que vuelve a tomar impulso.
De esta manera, la iniciativa de Bondarenko propone incorporar un nuevo artículo 13 bis a la Ley N° 13.482 para establecer que el personal policial podrá utilizar estos dispositivos “exclusivamente” bajo determinadas condiciones. El proyecto del libertario dispone que el empleo de las pistolas Taser deberá ser “proporcional a la situación que se procura neutralizar” y constituir “una opción intermedia dentro de la escala de uso gradual de la fuerza”, siempre que se priorice la preservación de la vida e integridad física de las personas.
En la misma línea, la propuesta establece que las pistolas Taser solo podrán utilizarse cuando los medios de persuasión verbal u otras medidas de control no coercitivas hayan resultado insuficientes o resulten objetivamente inaplicables dada la urgencia o peligrosidad de la situación, y ordena que el personal policial deberá “extremar la prudencia” cuando intervenga frente a personas que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad frente a una descarga eléctrica.
“El contexto local y regional en materia de seguridad nos demuestra que las fuerzas policiales de numerosas jurisdicciones han incorporado en los últimos años dispositivos de descarga eléctrica neuromuscular como herramienta de uso menos letal, permitiendo una respuesta rápida, eficaz y ágil ante el delito. Sin embargo, la Ley que ordena a la Policía bonaerense no contempla expresamente esta categoría de armamento complementario ni establece criterios de habilitación, proporcionalidad, prohibiciones específicas, ni mecanismos de control y transparencia para su uso”, señaló el diputado de La Libertad Avanza en los fundamentos.
En ese sentido, Bondarenko sostiene que existe una “laguna normativa” en la ley que rige en la provincia de Buenos Aires que, a su entender, genera un doble riesgo: el uso arbitrario o desproporcionado del dispositivo no letal por la ausencia de parámetros legales claros, y la subutilización del instrumento como alternativa al arma de fuego por la falta de respaldo legal explícito.
En los fundamentos, el diputado bonaerense sostuvo que la legislación vigente ya establece que los policías deben actuar de manera gradual frente a una situación de riesgo, ya que la normativa dispone que primero deben intentar resolver el conflicto mediante la prevención, el diálogo y la persuasión, y solo recurrir a la fuerza cuando esas alternativas resulten insuficientes. Recién en casos de peligro grave e inminente para la vida del propio agente o de terceros, está habilitado el uso del arma de fuego.
A partir de esa lógica, el excomisario consideró que las pistolas Taser deberían incorporarse como una herramienta intermedia dentro de esa escala de actuación y afirmó que estos dispositivos permitirían “dar respuesta efectiva a situaciones de resistencia activa sin necesidad de escalar al uso del arma de fuego”, ya que funcionan como un método de neutralización menos letal. Por ese motivo, el legislador propuso que su utilización quede expresamente regulada por ley y pase a formar parte del equipamiento complementario de la Policía bonaerense.
En ese marco, Bondarenko plantea modificar el artículo 14 de la norma para incorporar las pistolas Taser como parte del “equipamiento complementario de uso policial”. De prosperar la iniciativa, el Ministerio de Seguridad bonaerense deberá encargarse de la dotación y distribución del armamento, mientras que cada dispositivo tendrá que contar con un número único de registro y ser asignado de manera nominal al efectivo habilitado para utilizarlo. Además, el proyecto prevé que la “portación y activación no habilitadas constituirán falta grave en el régimen disciplinario aplicable”.
En el articulado, el legislador libertario remarca la obligación de que el Ministerio de Seguridad implemente un programa de capacitación obligatoria destinado a los efectivos autorizados a utilizar las pistolas Taser que deberá incluir el manejo técnico, protocolos de escalada y desescalada del uso de la fuerza, primeros auxilios post-descarga y marco normativo. A eso, el legislador suma la creación de un registro provincial del personal habilitado para utilizar los dispositivos, que será de acceso restringido aunque podrá ser auditado por los organismos de control competentes.
Por último, el diputado de La Libertad Avanza justificó la decisión de modificar la ley vigente en lugar de impulsar una norma independiente al mencionar que la actualización del régimen “es técnicamente superior porque evita la superposición normativa, garantizando la coherencia sistemática y preservando la unicidad de la organización policial”. Además, el legislador sostiene que la iniciativa se ajusta a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, al citar los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
“Debemos garantizar una modernización eficaz de la ley de actuación policial que actualmente rige porque no podemos pretender que la seguridad de la provincia de Buenos Aires se modifique o mejore siguiendo las mismas recetas políticas que hoy conducen a que los enfrentamientos y los delitos violentos escalen gravemente a lo largo y ancho de nuestro territorio provincial”, concluyó Bondarenko.
Legislatura bonaerense: los proyectos que danzan para habilitar las armas no letales
Puglelli busca incorporar armas no letales a la Policía bonaerense
Es preciso mencionar que, la iniciativa de Bondarenko llegó pocos días después de que el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentara un proyecto con un objetivo similar, aunque de mayor alcance. En lugar de regular únicamente las pistolas Taser, el legislador del Frente Renovador propuso incorporar al equipamiento de la Policía bonaerense un conjunto de armas no letales, tanto electrónicas como de otra naturaleza, mediante una modificación de la misma Ley N° 13.482.
En los fundamentos, Puglelli sostuvo que la provincia necesita “un marco normativo específico” para regular el empleo de estos dispositivos, y explicó que la propuesta fue actualizada a partir de un informe técnico elaborado en marzo de 2026 sobre la incorporación de armas menos letales al uso policial en Argentina. Según expuso el legislador, limitar la regulación únicamente a las armas electrónicas “resulta insuficiente para abarcar el conjunto de herramientas disponibles en el ámbito de la seguridad pública”, ya que dejaría afuera otros dispositivos no letales, como los de funcionamiento neumático, que también pueden cumplir funciones de disuasión o inmovilización.
En tanto, el diputado titular de la comisión de Seguridad remarcó que la incorporación de este tipo de equipamiento no invade competencias nacionales, ya que la legislación federal ya contempla la existencia de armas electrónicas no letales de uso permitido, mientras que las provincias conservan la facultad de definir qué herramientas utilizarán sus fuerzas policiales.
En una línea similar a la de Bondarenko, el diputado del peronismo señaló que estos dispositivos permitirían cubrir “la brecha existente entre la persuasión verbal, el control físico y el empleo de armas de fuego”, especialmente frente a agresores armados con armas blancas o en escenarios urbanos donde exista una alta circulación de personas.
No obstante, Puglelli advirtió que las armas no letales “no son herramientas inocuas” y que su utilización debe quedar sometida a reglas estrictas, por lo que propuso que solo puedan emplearse frente a amenazas “reales, actuales e inminentes”, luego de una capacitación obligatoria y una evaluación psicofísica del personal, además de incorporar mecanismos de registro, trazabilidad y control de cada intervención. “No implica una ampliación irreflexiva del poder coercitivo del Estado, sino una mejora en la arquitectura del uso de la fuerza”, concluyó el legislador del Frente Renovador.
LLA insiste con la incorporación de las pistolas Taser a la Policía bonaerense
En marzo de 2026, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, María Florencia Arietto, volvió a presentar un proyecto para autorizar el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales y de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad bonaerense, una iniciativa que el espacio libertario impulsa desde 2022 y que, hasta el momento, perdió estado parlamentario en sucesivas oportunidades.
La propuesta establece que las armas no letales sólo podrán utilizarse cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones policiales y dispone que el personal deberá completar previamente cursos de instrucción y capacitación. En los fundamentos, Arietto sostuvo que la incorporación de este equipamiento permitiría reducir a personas que cometan delitos con un menor riesgo de provocar lesiones graves y contribuiría a disminuir la posibilidad de que los agentes enfrenten procesos judiciales por su accionar.
Asimismo, la senadora argumentó que diversos estudios internacionales respaldan la utilización de las pistolas Taser como una alternativa más segura que las armas de fuego en determinados escenarios y recordó la implementación del programa “Estaciones Seguras”, impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que habilitó el uso de estos dispositivos por parte de la Policía Federal en estaciones ferroviarias.
Hechos renovó el reclamo para habilitar las Taser y apuntó contra Kicillof
Por su parte, en agosto de 2025, el senador bonaerense de Hechos – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, volvió a reclamar el tratamiento de su proyecto para regular el uso de armas Taser en la provincia de Buenos Aires y cuestionó al gobernador Axel Kicillof por rechazar la incorporación de este tipo de armamento.
Al igual que Arietto y Puglelli, el legislador de Hechos – UCR Identidad sostuvo que las pistolas de impulsos eléctricos constituyen una herramienta menos agresiva para el accionar policial, al considerar que reducen la probabilidad de muertes cuando no resulta necesario recurrir a armas de fuego. En ese marco, afirmó que las estadísticas internacionales respaldan su utilización y reclamó que la Provincia adopte este tipo de equipamiento para las fuerzas de seguridad.
No obstante, el proyecto de Leguizamón proponía un protocolo específico de utilización, con capacitación obligatoria, renovación anual de las certificaciones y supuestos taxativos para su empleo, como casos de legítima defensa, delitos flagrantes o situaciones en las que un agresor armado pusiera en riesgo la vida de terceros y no pudiera ser reducido mediante otros mecanismos. La iniciativa también reunió el respaldo de legisladores del PRO, la UCR + Cambio Federal y sectores libertarios dialoguistas.
Libertarios y bullrichistas fueron pioneros en la iniciativa de uso de armas no letales
En junio de 2024, los bloques de La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad presentaron un proyecto conjunto para autorizar el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en lo que constituyó la primera iniciativa legislativa elaborada tras la conformación de la alianza entre ambos espacios.
El texto proponía habilitar el uso de armas no letales exclusivamente para efectivos especialmente capacitados y señalaba que estos dispositivos sólo podrían emplearse cuando fueran estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones policiales. Además, retomaba un proyecto impulsado originalmente en 2022 por el entonces diputado Nahuel Sotelo, que no había logrado avanzar en las comisiones legislativas.
Entre los fundamentos, los legisladores sostuvieron que las pistolas Taser permitirían reducir con mayor facilidad a personas que cometan delitos y disminuirían el riesgo de ocasionar lesiones graves durante los procedimientos policiales. Asimismo, citaron como antecedente la implementación del programa “Estaciones Seguras”, promovido por Patricia Bullrich para la utilización de este tipo de dispositivos por parte de la Policía Federal en estaciones ferroviarias.
