Esta tarde, la comisión de Legislación General despachó el proyecto de la legisladora del massismo, Ayelén Rasquetti, para regular los aumentos de combustible en las estaciones de servicio, una propuesta que fue fuertemente cuestionada por la oposición. Desde las huestes libertarias, adelantaron que el proyecto podría provocar una crisis en las gasolineras.
Este miércoles, gracias a los votos del peronismo y del Frente de Izquierda, la comisión que preside el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman aprobó por mayoría la iniciativa que obliga a las empresas productoras y expendedoras de combustibles a informar cualquier aumento con al menos 72 horas de anticipación.
El texto propone que las petroleras informen toda modificación de precios y que las estaciones de servicio publiciten los cambios con 48 horas previas a su entrada en vigencia. Además, el proyecto fija multas de entre $7,2 millones y $215 millones e incluso prevé la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia.
El principal detractor de la ley impulsada por Rasquetti fue el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Romo, quien protagonizó una polémica por su vestimenta en plena comisión. En su intervención, el oriundo de San Miguel confesó que parte de su familia posee estaciones de servicio, por lo que reconoció saber cómo funcionan esas sedes.
En ese marco, el aún titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados anticipó que, de aprobarse esta ley, las estaciones de servicio “se funden en tres días”. De acuerdo al relato de Romo, las gasolineras recién se enteran de los aumentos una vez que viene el camión del surtidor.
Eso quiere decir que, si están obligados a comunicar 72 horas el incremento, tendrán que vender durante tres días con los precios atrasados, lo que complicaría la economía de cada estación de servicio.
En la misma línea, el jefe de la bancada de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, puso reparos al proyecto al sentenciar que la iniciativa de la legisladora referenciada en el Frente Renovador presenta “inconsistencias” legales.
De todas formas, el peronismo hizo uso de su mayoría para lograr despachar esta iniciativa, que debe pasar por la comisión de Presupuesto e Impuestos, donde el oficialismo también tiene quórum propio, para quedar en condiciones de ser tratada en el recinto. “El combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás, por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, alegó Rasquetti en su propuesta.
Las petroleras también rechazaron el proyecto que regula las subas en estaciones de servicio
En noviembre del año pasado, momento en que fue ingresado el proyecto de la legisladora del Frente Renovador, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su rechazo al advertir que podría provocar desabastecimiento y distorsiones en el mercado. “El anuncio previo de aumentos induce un comportamiento especulativo de la demanda y genera quiebres de stock”, plantearon desde la confederación.
En la misma sintonía, la Asociación de Estaciones de Servicio también se plegó a las críticas y reclamó que la Legislatura bonaerense “reconsidere el impacto negativo”, mientras que la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) anticipó que la obligación de anticipar los aumentos podría derivar en “picos de demanda que lleven inexorablemente al desabastecimiento”, tal como ocurrió en el 2023..
En paralelo, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) expresó su preocupación por el impacto del proyecto sobre la competencia y el funcionamiento del mercado. En un comunicado firmado por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad advirtió que “la uniformidad informativa anticipada afecta la dinámica del mercado, provoca aumentos repentinos de la demanda y puede derivar en quiebres de stock”.
Los representantes del sector remarcaron que los consumidores ya disponen de información visible y actualizada tanto en surtidores como en plataformas digitales, por lo que calificaron como “innecesario y riesgoso” imponer anuncios obligatorios con varios días de anticipación.
