El diputado del unibloque PTS – FIT, Christian Castillo, presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura manifieste su preocupación por las limitaciones que, según plantea la iniciativa, existen en la reglamentación y aplicación de las licencias a docentes bonaerenses por violencia de género en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa sostiene que el Decreto N° 121/20 restringe el ejercicio de un derecho conquistado por las trabajadoras de la educación y puede afectar la protección integral de quienes atraviesan situaciones de violencia. En ese sentido, el legislador solicitó que la Legislatura onaerense se pronuncie sobre la situación y revise el funcionamiento del régimen vigente.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, Castillo explicó que la presentación surgió a partir de planteos realizados por la Secretaría de Género de SUTEBA La Matanza. “Tienen una andanada de casos de violencia de género, donde en varios de ellos el tiempo de la licencia no se corresponde con las perimetrales que les pasan, hay riesgo de vida y la reglamentación que impuso el límite de 70 días en muchos casos es muy perjudicial para las docentes bonaerenses que están en esa situación“, afirmó.
En los fundamentos del proyecto, Castillo sostuvo que “resulta indispensable que el Estado provincial” garantice plenamente los derechos conquistados por las trabajadoras, en particular aquellos vinculados a la protección integral, la estabilidad laboral, el sostenimiento económico y el acompañamiento interdisciplinario.
Asimismo, el legislador remarcó que la licencia por violencia por razones de género constituye una herramienta fundamental para que las trabajadoras puedan atravesar procesos de denuncia, resguardo, reorganización familiar, búsqueda o modificación de vivienda, cuidado de hijas e hijos, acompañamiento terapéutico, asistencia legal y demás medidas necesarias para preservar su integridad física, psíquica, económica y social.
En ese marco, el proyecto advierte que las limitaciones derivadas de la reglamentación vigente y de su aplicación administrativa podrían apartarse del espíritu de la Ley provincial N° 14.893 y del acuerdo paritario firmado en marzo de 2019. Además, el diputado bonaerense plantea que las prórrogas de las licencias deben contemplar las particularidades de cada situación y no quedar sujetas a criterios rígidos.
“Resulta urgente fortalecer las licencias sin restricciones arbitrarias para todas las trabajadoras de la educación en situación de violencia por razones de género, crear y consolidar equipos interdisciplinarios destinados a la prevención, atención y asistencia, y garantizar que ninguna trabajadora vea precarizada su situación laboral por ejercer un derecho vinculado a su protección integral”, expresó el diputado bonaerense.
Por último, Castillo advirtió que “las limitaciones en la aplicación de estas licencias también generan el riesgo de que, desde los propios equipos administrativos o interdisciplinarios, se sugieran encuadres de licencia que no se corresponden con la situación real de violencia atravesada por la trabajadora“. Según sostuvo el legislador, esa situación “ataca el espíritu de la normativa provincial y del acuerdo paritario, cercena derechos adquiridos y debilita una herramienta fundamental de protección”.
Los cambios que propone el proyecto para las docentes bonaerenses
Entre las medidas planteadas, el proyecto solicita que las docentes bonaerenses suplentes y provisionales continúen percibiendo íntegramente sus haberes durante toda la licencia por violencia de género y sus eventuales prórrogas, mediante un mecanismo similar al previsto para las licencias por maternidad.
La iniciativa también propone contemplar los casos en que una trabajadora deba trasladarse de manera urgente a otra provincia como medida de protección. En esos supuestos, el legislador plantea garantizar el tratamiento administrativo correspondiente, la continuidad de la cobertura médica, el cobro de los haberes y la tramitación del traslado cuando corresponda.
Asimismo, el texto recuerda que la Ley Nacional N° 26.485 establece la obligación de que los distintos organismos del Estado intervengan de manera articulada frente a situaciones de violencia contra las mujeres, con el objetivo de evitar que las víctimas enfrenten nuevas cargas burocráticas, laborales o económicas.
