La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar en las últimas horas a una medida cautelar presentada por el Municipio de Azul e intimó al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, a reparar la Ruta Nacional N°3 para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Los magistrados ordenaron al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a Corredores Viales S.A. implementar medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional Nº3 comprendido entre Azul y Cacharí.
Entre los fundamentos del fallo, los camaristas destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese tramo y que informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas de alto tránsito y falta de señalización en distintos sectores de la calzada.
Además, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la resolución dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Azul, que había rechazado la cautelar, tras considerar acreditada la existencia de un riesgo actual y concreto para quienes circulan por ese tramo de la Ruta Nacional N°3.
Frente a esta situación, los camaristas dispusieron que la administración libertaria presente ante el Juzgado Federal de Azul, dentro de los diez días hábiles de notificadas, un plan detallado de trabajo indicando prioridades, responsables, cronograma y medidas de contingencia para la Ruta Nacional N°3.
“El cumplimiento de estas tareas deberá concretarse en un plazo máximo de 120 días corridos, bajo control judicial, con informes mensuales sobre el avance de las obras”, advirtieron los jueces, tras recalcar que su decisión se fundamenta en la protección constitucional de la vida y la seguridad de los usuarios de las rutas.
Al respecto, los camaristas recordaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio vinculado a la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles.
Por tal motivo, la Justicia solicitó que el Estado nacional coloque señalización preventiva y carteles de advertencia; implemente reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos de visibilidad nocturna, así como que se ejecuten reparaciones provisorias y focalizadas en los sectores de mayor peligrosidad.
Así, los magistrados sostuvieron que la tutela cautelar busca neutralizar un riesgo antes de que se produzcan nuevos daños, tras remarcar que no puede exigirse, en esta instancia, una certeza definitiva sobre las responsabilidades cuando existe evidencia suficiente de un peligro concreto por el mal estado de la red vial.
