La senadora bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), María Inés Laurini, presentó en las ultimas horas un proyecto de ley para crear un régimen provincial de adhesión con el propósito de habilitar a los municipios bonaerenses a disponer de los caminos rurales en desuso.
Según explicó Laurini en dialogo exclusivo con este medio, la iniciativa tiene por objetivo habilitar a que las administraciones locales a través de sus Concejos Deliberantes puedan darle otros usos a los caminos rurales que ya no son utilizados, como el pastoreo de ganado, la instalación de colmenas para la apicultura o el uso comunitario de huertas, sin que pierdan su carácter de bien publico.
“La tierra termina siendo un bien estratégico que puede ser puesta a disposición de la producción si es que se organiza correctamente, por eso este proyecto no crea potestades nuevas, es lo que debería hacer el municipio analizar tu traza y conocer su estado”, explicó Laurini.
Para la senadora de la Séptima sección electoral, en vastas zonas del interior la utilización efectiva de numerosos caminos rurales disminuyó por cambios productivos, factores ambientales y falta de mantenimiento. “Esa reducción del uso actual no elimina la naturaleza pública de la traza ni su utilidad potencial para la conectividad”, aclaró.
En ese marco, Laurini propone que los municipios puedan cobrar cánones a entidades privadas, productores o empresas por el uso de las trazas viales que ya no son utilizadas para la circulación, en medio de la caída de la recaudación de las administraciones locales. La iniciativa, vendría a complementar el proyecto que busca que los intendentes puedan recaudar con la siembra en banquinas.
Al respecto, la legisladora remarcó que el texto no crea nuevas competencias, sino que busca que se tenga en cuenta este recurso estratégico, tanto de los caminos rurales como las trazas ferroviarias en desuso, para permitir realizar actividades privadas que no sean invasivas.
La iniciativa también habilita que las administraciones locales realicen relevamientos técnicos, jurídicos, catastrales, territoriales, ambientales e hídricos, así como adoptar medidas de preservación, custodia, señalización y control de los caminos rurales, siempre que resulte compatible con la naturaleza pública del bien.
“En definitiva, la Provincia brinda a los municipios un marco legal que les permite actuar de manera preventiva, planificada y transparente sobre trazas públicas que, por su desuso, no deben quedar expuestas a ocupaciones de hecho ni a conflictos evitables”, subrayó Laurini.
Vale precisar que, de un tiempo hacia esta parte, productores y entidades agrarias vienen alertando por el pésimo estado de los caminos rurales, la falta de obras de infraestructura y el aumento de tasas viales que agrava la logística productiva en plena etapa de cosecha.
Ante esta situación, a principios de abril, la Justicia declaró la ilegitimidad del cobro de las tasas municipales en relación a la red vial. Entre los argumentos, los magistrados señalaron la falta de prestación efectiva del servicio en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, donde los caminos rurales quedaron abandonados.
La situación se extiendió en la región y afectó especialmente a las zonas comprendidas entre la Ruta Nacional 228, la Ruta Provincial 72 y localidades como Juan N. Fernández, Orense (Tres Arroyos), San Cayetano y Lobería.
Según el INTA, inicialmente se contabilizaron unas 25.700 hectáreas inundadas, aunque aseguraron que la superficie comprometida fue mayor porque existieron numerosos campos donde el agua descendió, pero los productores sufrieron grandes pérdidas.
Así, lo que comenzó como una emergencia hídrica se transformó en una productiva. El avance del agua no solo achicó la superficie disponible para la ganadería, sino que también interrumpió las tareas de siembra de soja y maíz.
Laurini pide habilitar a los municipios para relevar y administrar los caminos rurales en desuso: proyecto completo
