Las universidades nacionales iniciaron este martes de agosto una nueva semana de protestas con paros y un plan de lucha transversal a todas las casas de estudio del país, impulsados por organizaciones docentes, no docentes y estudiantiles que le reclaman al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 300 días sin aplicarse de manera integral y contempla, entre otros puntos, la recomposición salarial y el financiamiento de las instituciones.
En tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica ratificó un paro de cinco días que comenzó este mismo martes y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, por lo que el dictado de clases podrá verse afectado de manera dispar en las distintas universidades, debido a que se trata de una de las federaciones que integran el frente sindical universitario. Por su parte, el resto de los gremios retomará las medidas de fuerza la próxima semana.
El conflicto tendrá este miércoles uno de sus principales puntos de concentración frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, donde a las 11 se realizará un acto y movilización con participación de estudiantes, docentes y no docentes. Además, la CONADU Histórica convocó a un “banderazo”, mientras que el Frente Sindical y las organizaciones estudiantiles, entre ellas la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA, impulsaron acciones de visibilización hasta el jueves, con la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en distintos puntos del país.
La convocatoria se extendió también a la ciudad de La Plata, donde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) llamaron a movilizarse en las inmediaciones del Rectorado, en 7 47 y 48. La actividad comenzará a las 18 y tendrá como consigna central “Banderazo por la Universidad y la Soberanía“.
Entre los reclamos que realizarán los docentes y no docentes se encuentra la recomposición salarial establecida por la Ley de Financiamiento Universitario, que según las estimaciones gremiales debería ubicarse entre el 28,5% y el 31,2%, sin contemplar el retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la norma, que también continúa siendo reclamado. A esto se suman las demandas vinculadas con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.
Cabe recordar que, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso el 2 de octubre de 2025, y establece la actualización de los recursos y salarios del personal universitario según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Su aplicación fue judicializada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que obtuvo una medida cautelar en diciembre, posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo.
El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por el Gobierno para dejar sin efecto la norma votada en el Congreso, y devolvió la ejecución de la medida cautelar al juez de primera instancia Martín Cormick, quien había ordenado su cumplimiento. La semana pasada, Cormick convocó a una audiencia para este viernes 21 de agosto, en la que se esperan novedades sobre el proceso judicial.
El pedido de audiencia fue realizado por la Universidad de Buenos Aires, mientras que el CIN solicitó que se intime al Gobierno a cumplir con la medida cautelar, bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal por desobediencia y aplicar multas al Estado nacional. Las protestas continuarán durante el resto de agosto, ya que la CONADU convocó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto junto con otras federaciones, entre ellas FEDUN y FATUN.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, defendieron la política oficial frente al conflicto y sostuvieron que cumplen con las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como de paritaria salarial y gastos de funcionamiento. Además, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello advirtieron que los aumentos salariales acordados “se están abonando de acuerdo con los montos y plazos establecidos en el acta paritaria firmada el 10 de junio”, y calificaron la semana de protestas como “ilegítima”, al considerar que responde a motivaciones políticas y que no tiene como prioridad la educación.
