En medio de una creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias y la situación de los sectores que arrastran dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, este lunes entra formalmente en vigencia el Cobro con Transferencia (CCT) para que bancos puenda cobrar deudas de créditos.
Este nuevo sistema de recaudación de cuotas fue diseñado originalmente por el Banco Central (BCRA) el pasado 2 de marzo —otorgando un plazo de adecuación que fenece hoy—, por lo que su diagramación es previa a la actual crisis de morosidad que atraviesan unos seis millones de argentinos.
El mecanismo busca transparentar las operaciones y reemplazar al viejo sistema de Débito Inmediato (DEBIN), que durante su vigencia se prestó a reiteradas estafas mediante la manipulación de Claves Bancarias Uniformes (CBU).
Con el CCT, la entidad prestamista solo estará habilitada para debitar la cuota de la misma cuenta donde originalmente se desembolsó el crédito, blindando al usuario frente a maniobras fraudulentas.
Nuevo cobro de bancos: características clave y el trasfondo de la morosidad
Si bien fuentes de la banca privada confirmaron que la herramienta estará plenamente operativa desde este lunes, estiman que su alcance inicial será limitado y no modificará de inmediato el panorama de los millones de deudores actuales, de acuerdo con Ámbito.
Entre los ejes principales que regulan el funcionamiento del nuevo sistema figuran:
-
Cuotas homogéneas: Admite únicamente el cobro de cuotas fijas e idénticas a lo largo de todo el contrato.
-
Tope de endeudamiento: Limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de originar el préstamo para prevenir excesos.
-
Límites a los débitos: Fija un intento inicial de cobro y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas), erradicando prácticas abusivas.
-
Consentimiento y avisos: Requiere una autorización explícita por única vez y obliga a notificar electrónicamente al cliente el día hábil previo al débito, permitiendo dar de baja la autorización de forma inmediata.
-
Seguridad antifraude: Traslada la responsabilidad legal ante casos de estafa directamente al prestamista y establece un arancel mínimo del 0,6% a cargo de las entidades.
La puesta en marcha de este esquema de cobros se da en un escenario político altamente sensible. Mientras la administración libertaria defiende la desregulación financiera y sostiene que el endeudamiento privado se mantiene en niveles manejables respecto al PBI, sectores de la oposición y especialistas advierten sobre las secuelas sociales de un modelo económico que empuja a los hogares a tomar créditos de consumo para afrontar gastos corrientes, dejando al descubierto la vulnerabilidad de gran parte de la población frente al peso de las obligaciones financieras.
