En las últimas horas, el diputado bonaerense de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, arribó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, donde su titular, Luis Colao, le entregó un proyecto de ley redactado por la entidad de profesionales para crear un Régimen de Alquiler Social destinado a facilitar el acceso a viviendas cuyo contrato no supere los $388 mil mensuales.
La propuesta que idearon desde el organismo que nuclea a los martilleros bonaerenses plantea establecer una modalidad de locación con un tope de valor inicial y beneficios para los inquilinos, además de incentivos fiscales para los propietarios que incorporen sus viviendas al Régimen de Alquiler Social.
La propuesta de los martilleros bonaerenses establece como “Alquiler Social” a aquel alquiler cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado estatal bonaerense, aunque contempla la posibilidad de ampliar o modificar ese parámetro de acuerdo con las distintas regiones, siguiendo el principio de segmentación.
El proyecto parte de considerar a la vivienda como una necesidad básica y plantea que las posibilidades de quienes necesitan alquilar para vivir se encuentran limitadas por las condiciones del mercado. En sus fundamentos, los martilleros bonaerenses señalan que la proporción de hogares que alquilan pasó del 13% en 2007 al 18,4%, mientras que el aumento de inquilinos durante los últimos 20 años osciló entre el 25% y el 50%, según de datos de la Encuesta Permanente de Hogares y de estadísticas elaboradas mediante un convenio con la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA).
De acuerdo con el documento, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Rosario y Gran Córdoba el incremento de inquilinos superó el 50%, mientras que el alquiler representa alrededor del 36% del salario promedio y, al sumar los servicios, supera el 50%. Para los autores de la iniciativa, esta situación contribuyó a retraer la demanda y requiere una estrategia que permita facilitar el ingreso al mercado de alquileres de los sectores que enfrentan mayores dificultades.
En ese marco, el Régimen de Alquiler Social incorpora el concepto de segmentación como uno de sus ejes, con la intención de establecer mecanismos de asistencia selectiva según grupos, subgrupos o regiones. El proyecto sostiene que las regulaciones demasiado generales, complejas o amplias pueden terminar por afectar a quienes buscan beneficiar, y plantea que la problemática habitacional requiere una mirada que contemple las particularidades sociales y territoriales de la provincia de Buenos Aires.
Para los inquilinos alcanzados por el régimen, el texto contempla que no deban afrontar honorarios de martilleros, corredores públicos ni de otros profesionales que intervengan en la confección de los contratos, ya que esos costos serían soportados por los propietarios de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes. Algo similar a la ley de inquilinos bonaerenses, que fue presentada este mes por el peronismo en el Senado. Al mismo tiempo, la iniciativa plantea que los informes solicitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para los locatarios, y propone revisar el tope de valuación fiscal para la exención del Impuesto de Sellos.
Por caso, el proyecto que los martilleros bonaerenses le entregaron a Eslaiman establece que los inquilinos podrán acceder a los servicios mediante la presentación gratuita del contrato correspondiente, con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz o con la firma y sello del matriculado profesional y la certificación del Colegio Profesional. A su vez, las empresas prestadoras de servicios no cobrarían cargos de conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros conceptos vinculados con estas locaciones.
De esta manera, el proyecto de Colao busca incorporar a los propietarios mediante un esquema de incentivos y simplificación fiscal. Para las viviendas que cumplan con las características establecidas y sean destinadas al alquiler social, propone eximir del pago de impuestos e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante exenciones de tasas y derechos, con el objetivo de generar condiciones que incentiven la incorporación de inmuebles al mercado locativo.
“Obviamente no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, que es rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto entre las tres partes podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los tramos sociales de menores ingresos”, completaron los martilleros bonaerenses.
