La resolución judicial integró los castigos de tres expedientes tramitados de forma independiente. El primero corresponde a un intento de homicidio con arma de fuego cometido en noviembre de 2020.
Las otras dos causas responden a un robo agravado en la vía pública y a la tenencia de drogas fraccionadas para su comercialización, hechos que ocurrieron de forma simultánea en septiembre de 2025.
Durante el proceso, la Fiscalía solicitó sumar cada una de las condenas de manera directa y estricta, amparándose en la reforma del Código Penal aprobada por la Ley 27.785. Por su parte, la Defensoría Oficial cuestionó ese planteo y solicitó aplicar un criterio de composición graduado, fijando un monto total más adecuado y acorde con la ley vigente al momento del primer hecho.
La jueza le dio la razón a la defensa y rechazó la suma directa. En su fallo explicó que no se puede aplicar una regla más dura de forma retroactiva, ya que el primer delito ocurrió en 2020, cuando esa norma más estricta todavía no existía.
Con esta resolución firmada en el Tribunal, el expediente quedó cerrado a la espera del trámite final. Una vez que la sentencia quede fija, un juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido cumpla la totalidad de la condena en la cárcel.
