Según la investigación, realizada por la UFIJ N°11 a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho se produjo en la madrugada del 27 de octubre de 2024, en una vivienda de la calle Azara al 1600 de Bahía Blanca.
Portela se contactó por mensaje con la víctima, con quien mantenía una relación de amistad desde hacía años, y le pidió pasar por su domicilio junto a una joven. Al ingresar, la acusada le solicitó que le abonara el viaje en Uber. Cuando el hombre desbloqueó su celular frente a ellas para realizar la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago, Portela observó su clave de acceso, extrajo un revólver de su bolsillo y lo encañonó exigiéndole que no se moviera.
Tras sustraerle el teléfono, Portela se lo entregó a su acompañante para que huyera. La víctima intentó perseguirlas, pero en la huida a la asaltante se le cayó el arma en el patio de la vivienda. Al salir a la calle, el hombre fue interceptado por un automóvil Chevrolet Corsa gris con dos hombres a bordo, uno de los cuales lo apuntó con otra arma de fuego para garantizar el escape del grupo.
Minutos después del robo, Portela utilizó el celular sustraído para concretar una serie de transacciones financieras dirigidas a su propia cuenta bancaria del Banco Nación. Realizó transferencias inmediatas por montos de 550.000, 13.000 y 20.000 pesos, y además solicitó dos créditos personales a través de la plataforma por 150.000 pesos cada uno.
En total, la mujer despojó a la víctima de más de 880.000 pesos antes de que el afectado pudiera bloquear y cerrar su cuenta.
Pericia balística y fundamentos del fallo
El arma abandonada en el lugar, un revólver calibre .22 corto, fue sometida a peritajes técnicos por personal especializado. El informe balístico determinó que la pieza carecía de martillo de percusión y se encontraba rota, calificándola como no apta para el disparo. Por este motivo, el hecho se encuadró legalmente como un robo agravado por el uso de arma no pudo ser acreditada.
Al fijar la pena, el magistrado evaluó diversos factores agravantes, entre ellos el aprovechamiento de la nocturnidad, la participación de múltiples personas en la logística, el uso de un vehículo para la huida y la magnitud del daño económico ocasionado a la víctima.
Además de la condena a tres años y medio de prisión, el tribunal ordenó la formación de un incidente para la unificación de penas, debido a que la imputada cuenta con condenas previas dictadas por la justicia correccional. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción del arma de fuego secuestrada.
