Con modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al incorporar la restitución de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros, y giró el proyecto al Senado nacional.
Para conseguir su aprobación, el oficialismo debió aceptar la preservación de la normativa que limita al 15% la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras y a 1.000 hectáreas la adquisición en la zona núcleo, una legislación que el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía eliminar.
Vale recordar que, el Senado otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el pasado 7 de agosto, luego de introducir modificaciones al texto original. Durante aquella sesión, el oficialismo aceptó retirar los capítulos vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.
Sin embargo, la discusión sobre la normativa volvió a instalarse en el Congreso luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023 que había eliminado las restricciones a la extranjerización de tierras.
La intervención judicial reactivó el debate sobre la vigencia de la legislación sancionada durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner y sumó presión política sobre el megadecreto 70/2023. Incluso, la semana pasada, antes de las concesiones del oficialismo a sus aliados, la tropa peronista estuvo cerca de conseguir el rechazo del DNU en la Cámara baja.
Así, la maniobra del oficialismo se explica por el escenario parlamentario que se había abierto. Con el Senado habiendo rechazado el megadecreto en 2024, un nuevo revés en Diputados habría provocado su derogación, con consecuencias sobre buena parte del entramado normativo que el Ejecutivo modificó o eliminó desde el inicio de la gestión.
Es que, el mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. De haberse efectivizado la derogación, hubieran vuelta a quedar en vigencia las leyes de Abastecimiento, Góndolas y de Alquileres, lo que hubiera generado “un caos administrativo y procesal”, según el propio oficialismo.
En ese escenario, ante el temor de que sea volteado el mega DNU, la tropa violeta terminó por aceptar la incorporación de los cambios en la Ley de Tierras durante las negociaciones parlamentarias con sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Provincias Unidas, con el objetivo de que salga la normativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
Es preciso destacar que, tras la aprobación con cambios en Diputados de este martes, el proyecto deberá regresar al Senado nacional, que tendrá que pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara revisora para completar el trámite legislativo.
