El fiscal federal Gerardo Pollicita este viernes consideró que no hay elementos suficientes para acreditar que el ex jefe de Gabinete libertario, Manuel Adorni, se enriqueció de manera ilegal durante su paso por la administración pública, por lo que solicitó que se lo investigue por presunta evasión fiscal.
Para el fiscal, “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica en el enriquecimiento ilícito, lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza, como por ejemplo la evasión tributaria, delito que corresponde al fuero Penal Económico”.
La decisión del fiscal no implica un sobreseimiento. La Fiscalía sostuvo que, si bien la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.
Vale recordar que, la Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo análisis.
Entre los desembolsos relevados figuraban pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.
Adorni respondió a la intimación patrimonial con una explicación centrada en una inversión previa en Bitcoin. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de USD 200.000 y que la liquidación de esos activos produjo USD 591.544,61, conservados luego en efectivo.
Al respecto, Pollicita consideró que ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles. La clave jurídica es que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público.
En este caso, la hipótesis presentada por la defensa ubica el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023. El fiscal remarcó además que la investigación no logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
La Justicia no pudo trazar los ingresos en las billeteras virtuales de Adorni
De todas formas, las pericias dictadas por la justicia confirmaron el control actual de las billeteras por parte del ex vocero presidencial, pero no su historia completa. También se comprobó que las direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 y que no mantenían saldo.
Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal Argentina advirtió que la cadena de bloques no permite identificar a la persona que controló una billetera en un momento determinado ni precisar desde cuándo tuvo acceso a una clave privada.
La prueba técnica tampoco permitió reconstruir con certeza las contrapartes, el lugar y las condiciones de todas las operaciones. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido.
Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco permiten desacreditarlo. El informe sostuvo que la hipótesis de que el actual controlador de las direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018 resulta técnicamente consistente.
