En medio de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Senado comenzó a prepararse para las últimas sesiones ordinarias del año, con dos proyectos que concentran las negociaciones entre el oficialismo y la oposición: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que impulsa la Casa Rosada y tiene como fecha tentativa de tratamiento el jueves 19, y la nueva ley de discapacidad, cuya sanción reclama el conjunto de los bloques opositores.
Aunque todavía no hay una agenda definitiva, la Cámara alta también prevé avanzar con otros expedientes y recibir el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el miércoles 25 de noviembre, por lo que los tiempos apremian tanto para La Libertad Avanza como para los legisladores de la oposición, que presionarán para aprobar leyes claves antes que termine el año.
De esta manera, la actividad parlamentaria quedará reducida en las próximas jornadas por la visita papal y el Día del Empleado Legislativo, por lo que las autoridades del Senado ya trabajan sobre un cronograma que contempla sesiones para los jueves 19 y 26, aunque todavía restan confirmar los temarios. En paralelo, el martes 17 y el miércoles 18 están previstas audiencias por pliegos judiciales que podrían llegar al recinto el 26, siempre que el Gobierno envíe las ternas para cubrir los cargos reclamados por los bloques aliados.
Uno de los principales objetivos del oficialismo es sancionar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un acuerdo internacional que Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que recién obtuvo el aval de la Cámara de Diputados en agosto pasado. Como la Cámara baja introdujo modificaciones al texto, el proyecto regresó a la Cámara alta para su segunda revisión y, tras conseguir dictamen en octubre en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria, quedó habilitado para ser tratado en el recinto.
Cabe mencionar que, la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en el entendimiento comercial con Estados Unidos, así como de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el bloque regional y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por ese motivo, la Casa Rosada busca acelerar su aprobación y espera reunir los respaldos necesarios para llevarlo al recinto el jueves 19.
Sin embargo, el tratamiento del acuerdo estuvo atravesado por las objeciones de los laboratorios locales, que cuestionaron el alcance del capítulo II y advirtieron sobre sus posibles efectos en la industria farmacéutica. Es que, ese apartado contempla un examen preliminar internacional que, según señalaron desde el sector, podría ser utilizado por laboratorios multinacionales para introducir modificaciones menores en medicamentos ya existentes y extender artificialmente la vigencia de sus patentes, una práctica conocida como “evergreening” o reverdecimiento.
Ante esos cuestionamientos, durante el debate en Diputados el capítulo II quedó “en reserva”, por lo que la discusión sobre ese punto condicionó el avance del texto original que pretendía impulsar el Gobierno. La advertencia de los laboratorios apunta a que ese mecanismo podría favorecer la prolongación de monopolios y limitar la competencia sin que las modificaciones incorporadas a los medicamentos representen mejoras terapéuticas reales.
El otro expediente que la oposición pretende llevar al recinto es la nueva ley de discapacidad, cuya sanción reclama tanto el kirchnerismo como los bloques dialoguistas. La iniciativa ya obtuvo dictamen en el Senado y el oficialismo acompañó en Diputados el articulado impulsado por las fuerzas opositoras, aunque desde la Casa Rosada luego intentaron introducir modificaciones, pese a que la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, había consensuado respetar el texto aprobado por todas las fuerzas.
De esta manera, el proyecto quedó atravesado por posiciones contradictorias dentro del propio oficialismo, entre el acuerdo alcanzado en el Congreso y los planteos posteriores del Gobierno. Si el Senado lo convierte en ley, la decisión pasará al presidente Javier Milei, que tendrá la posibilidad de aplicar un veto total o parcial, una alternativa que mantiene en alerta a los bloques opositores.
Además de esos dos proyectos, otro texto que quedó en condiciones de ser votado antes del cierre del período ordinario es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa llegó al Senado después de que la oposición incorporara en Diputados un límite del 15% a la venta de tierras a extranjeros, un punto que el karinismo y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, no habían logrado evitar. En tanto, el dictamen necesario para avanzar con su tratamiento se firmó recién el viernes pasado, luego de varios días de incertidumbre.
Por otra parte, el Senado podría comenzar a debatir otros expedientes si la Cámara de Diputados avanza con el Presupuesto 2027 o con la iniciativa sobre Malvinas, aunque todavía restan definiciones sobre ambos proyectos. En ese escenario, las comisiones podrían iniciar el análisis antes de que termine noviembre, pero la falta de tiempo llevaría a continuar las discusiones durante el período de sesiones extraordinarias, siempre que el Poder Ejecutivo convoque al Congreso e incluya esos escritos en el temario.
En ese eventual llamado también podrían incorporarse los pliegos judiciales pendientes, cuya llegada al Senado depende del envío de las ternas por parte del Gobierno. Mientras tanto, otros proyectos siguen en una etapa inicial, como el de cabotaje, que todavía busca reunir las firmas necesarias para conseguir dictámenes de mayoría y minoría.
