El Concejo Deliberante de Saavedra convocó a una sesión especial para el próximo jueves 26 de noviembre, que servirá para resolver el futuro político del intendente Matías Nebot, luego de que una comisión investigadora analizara su desempeño en el cargo tras su confesión sobre el consumo de drogas al momento en que ejercía el cargo.
En concreto, el cuerpo deliberativo fijó el encuentro para las 9 horas, en la Sala de Sesiones “Josefa Álvarez de Villa Abrille“, ubicada en Humberto Primo 75, de la localidad de Pigüé. Según establece la convocatoria oficial, el único punto del orden del día será el juzgamiento de la responsabilidad política del jefe comunal.
La convocatoria se produce después de lo acontecido el pasado 23 de octubre, cuando el Concejo Deliberante de Saavedra aprobara por 11 votos a favor y 2 en contra la calificación de gravedad de los hechos que examinó la comisión investigadora. Aquella resolución representó un paso decisivo dentro del procedimiento institucional y habilitó una nueva instancia en la que los ediles deberán determinar si corresponde aplicar una sanción al actual mandatario municipal.
Cabe recordar que el conflicto político comenzó en julio pasado, cuando Nebot reconoció públicamente que atravesaba un proceso de recuperación de una adicción a la cocaína, tras más de 300 días sin consumir esa sustancia. A partir de aquellas declaraciones, cinco bloques opositores impulsaron la conformación de un órgano revisor para evaluar su aptitud, idoneidad y desempeño al frente del Ejecutivo local.
Sin embargo, la investigación no se limitó a la situación personal del alcalde bonaerense, sino que también incorporó cuestionamientos sobre el ejercicio de sus responsabilidades institucionales, presuntas ausencias de su despacho y dificultades en el funcionamiento de distintas áreas municipales. La comisión, finalmente, concluyó la etapa de recolección de pruebas el pasado 8 de octubre y puso el expediente a disposición de los concejales para avanzar con el procedimiento.
Crisis en Saavedra: los cruces políticos que marcaron la investigación contra Nebot
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la posibilidad de que Nebot haya adoptado decisiones administrativas bajo los efectos de sustancias prohibidas, aunque esa hipótesis no constituye un hecho probado. Los concejales opositores también plantearon interrogantes sobre la adquisición de cocaína durante su desempeño como funcionario público y las obligaciones legales que corresponden a quienes ejercen cargos de gobierno.
Durante la sesión del 23 de octubre, la concejal radical Florencia Bros anticipó su acompañamiento a la calificación de gravedad de los hechos y sostuvo que la discusión excedía la situación personal del dirigente vecinalista. “Desde este bloque vamos a acompañar la calificación de la gravedad de los hechos, con la convicción de que cuidar a las instituciones también es cuidar a las personas“, afirmó la edil correligionaria.
Por su parte, la concejal justicialista Clarisa Rivas expresó su deseo de que Nebot pudiera recuperarse de su problema de salud, aunque advirtió sobre las responsabilidades que implica conducir un distrito. La representante del peronismo también mencionó presuntas ausencias prolongadas, falta de atención y reuniones de gabinete, mientras que su compañera de bancada, Andrea Guardese, planteó interrogantes sobre el origen de las sustancias que consumía el mandatario.
En tanto, la defensa política de Nebot quedó en manos de la oficialista Valeria Piangatelli, quien cuestionó la ausencia de un hecho concreto que justificara el procedimiento. “La comisión investigadora no se fundó en un hecho concreto sino que se creó para ver qué se encontraba“, sostuvo la representante de Todos por Saavedra, que rechazó los argumentos de sus detractores políticos. “No me vengan a decir que la intención no es la destitución“, agregó.
En paralelo, los abogados del intendente, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, cuestionaron públicamente el procedimiento legislativo. La letrada denunció una “intención política destituyente” y aseguró que la investigación no logró acreditar negligencia en el ejercicio de la función pública, en medio de una controversia que mantiene abierto el futuro institucional del distrito del interior bonaerense.
